MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un tribunal de Sudán ha condenado este lunes a muerte a 27 miembros de los servicios de Inteligencia del país por la muerte de un profesor que se encontraba bajo custodia en el marco de las protestas que derivaron en la caída del régimen de Omar Hasán al Bashir.
El fallo, el primero emitido en relación con las movilizaciones sociales contra Al Bashir, contempla que los 27 sentenciados sean ahorcados, según ha recogido el portal local de noticias Sudan Ajbar.
Así, ha resaltado que las pruebas presentadas durante el proceso "demuestran más allá de toda duda razonable" que los acusados fueron responsables de la muerte del detenido, Ahmed al Jair.
El tribunal ha condenado además a trece personas a penas de cárcel y ha absuelto a siete. El fallo no es definitivo y los condenados aún pueden apelar las sentencias.
La familia de Al Jair ha denunciado que las autoridades afirmaron en un primer momento que había muerto a causa de un envenenamiento, si bien las investigaciones apuntaron posteriormente que falleció a causa de una paliza.
Cientos de personas se han manifestado frente al tribunal de la ciudad de Kasala antes de que se emitiera el fallo, encabezadas por el Comité de Profesores Sudaneses.
"El asesinato de Ahmed al Jair apagó el brillo llameante de la luz y silenció la voz de la verdad", dijo el comité en un comunicado publicado el domingo, tal y como ha recogido la emisora local Radio Dabanga.
Las nuevas autoridades sudanesas surgieron a raíz de un acuerdo entre la junta militar instaurada tras el golpe de Estado de abril contra Al Bashir y la oposición. Los Servicios de Seguridad e Inteligencia Nacional (NISS) fueron disueltos en julio, en el marco del proceso de transición.
La asonada tuvo lugar tras varios meses de manifestaciones masivas contra Al Bashir a causa de el drástico incremento de los precios a causa de la retirada de subsidio y la falta de productos básicos.
Los manifestantes y grupos opositores han pedido desde la caída del expresidente y la formación del gobierno de transición que los responsables de la muerte de manifestantes durante las protestas sean llevados ante la justicia y condenados por sus acciones.