LIMA, 10 Dic. (Notimérica) -
El Pleno del Congreso de Perú aprobó este miércoles el informe final de la Comisión Especial Investigadora Multipartida, presidida por la legisladora Rosa Mavila, sobre la influencia del narcotráfico en los partidos políticos y movimientos regionales y locales, tal y como informó en su página web.
El documento se aprobó por unanimidad de los 63 congresistas. Mediante él se denuncia la existencia de "una creciente presencia del narcotráfico en la vida política nacional", un problema que se acrecenta "por la falta de control de organismos del Estado para frenar esta lacra social", apunta.
Asimismo, entre las conclusiones alcanzadas también se encuentra el demostrado interés que existe por parte de las organizaciones ilícitas del narcotráfico en influir en la política del país a través de la formación de agrupaciones políticas, la financiación de campañas electorales y el lavado de dinero.
A través de esta práctica, según dicho informe, las organizaciones ilegales se aseguran "la protección policial, fiscal, judicial y política".
A raíz de las indagaciones llevadas a cabo por los conductores del estudio se ha podido advertir que las autoridades investigadas han ingresado a la política después de acumular fortunas considerables "que hacen presumir la existencia del desbalance patrimonial".
Además, también se ha descubierto la existencia de gastos excesivos en las campañas electorales que buscan la compra de votos.
Entre los casos analizados se citó el del ex jefe de Serpost y de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciables, Miguel Facundo Chinguel, y el del militante aprista Gerald Oropeza, acusado por delito de narcotráfico.
Otras de las autoridades investigadas fueron el presidente regional de Amazonas, Gilmer Horna, y los hermanos Manuel y Fortunato Sánchez Paredes, el primero de los cuales ocupó la alcaldía de Moyobamba.
RECOMENDACIONES.
La Comisión Investigadora incluyó a su vez tres recomendaciones que fueron votadas por separado. Se trata de la 'silla vacía', para sancionar a congresistas ausentes; la separación automática de los candidatos implicados en delitos de narcotráfico; y el que le otorga poderes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para levantar el secreto bancario de los investigados.
En los tres casos, las recomendaciones fueron aprobadas por mayoría, pese a las objeciones de los fujimoristas. En el caso de la 'silla vacía', se propone que sea aplicada en primera instancia al parlamentario sentenciado por narcotráfico.
VULNERABILIDAD DEL GOBIERNO.
Finalmente, el informe llega a dos conclusiones. La primera de ellas justifica que, dada la vulnerabilidad de los gobiernos regionales y locales, es "necesario adoptar medidas para impedir la infiltración del narcotráfico en esos organismos". Todo ello en el marco de la "debilidad de los organismos de control o su penetración por la corrupción".
En segundo lugar deja constancia del interés del narcotráfico por penetrar en la política con el fin de "garantizar el libre tránsito de la droga, facilitar el lavado de dinero y la obtención de poder político para que haya impunidad".
Sobre estas premisas, Mavila propuso la formación de una comisión investigadora de la infiltración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas y Policiales, así como la existencia de una política nacional de lucha antidrogas y que los archivamientos de casos sean vistos por el Consejo Nacional de la Magistratura.
RECHAZO DEL FUJIMORISMO.
Ante las conclusiones de la Comisión Especial, varios militantes de Fuerza Popular (FP), movimiento que agurpa a los fujimoristas, han expresado su rechazo al informe.
Este es el caso de la legisladora Karina Betetam quien no aceptó la parte del documento que le vincula con actividades del narcotráfico, mientras que su compañera María López Córdova solicitó que se retire la parte que la involucra en las investigaciones por lavado de activos.
Asimismo, Luz Salgado (FP) cuestionó la propuesta para el seguimiento patrimonial de los candidatos a cargo de la Contraloría, un organismo que controla los gastos del Estado pero no los ingresos de los privados.
Por su parte, el parlamentario de Democracia y Desarrollo Internacional (DyD) cuestionó la debilidad del Estado y pidió una reforma institucional para enfrentar esta "lacra social".