Bogotá (Colprensa/Notimérica)
El Consejo de Estado colombiano ha condenado el "falso positivo" de la muerte de un campesino identificado como Jhon Fredy Arias Mejía en el municipio de San Francisco, situado en el departamento de Antioquia, quien fue asesinado a balazos por el Ejército Nacional debido a su presunta implicación en el grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
De acuerdo con la Sección Tercera del Consejo de Estado, este acontecimiento se trata de un homicidio injustificado que configura una vulneración grave y flagrante de los Derechos Humanos, debido a que era un humilde campesino que estaba desarmado y fue vilmente asesinado con un disparo en la espalda el 28 de diciembre de 2005.
"La muerte infame del citado joven se enmarca dentro del fenómeno conocido como "falso positivo" y que, desde el punto de vista jurídico corresponde a lo que técnicamente se denomina o conoce como ejecución extrajudicial u homicidio en persona protegida, constitutiva de una muy grave violación de Derechos Humanos", apunta el fallo de la máxima autoridad.
En el momento de su muerte, el chico de 18 años se encontraba acompañado por otro hombre en la jurisdicción agrícola de 'Vega Seca', quien también fue tiroteado. Sin embargo, a pesar de que el Ejército nacional determinara que ambos pertenecían a un grupo de al menos 30 miembros de las Autodefensas --y que por ello fueron asesinados-- las familias presentaron una demanda contra el Ejército para esclarecer el caso.
Aunque en un principio el Tribunal Superior de Antioquia les negara dicha demanda, el caso llegó al Consejo. La absolución del Ejército en primera instancia se debió a que los cuerpos de las víctimas aparecieron vestidos con prendas de las AUC junto a sus armas y municiones. No obstante, el abogado de la familia, Javier Villegas Posada, recurrió la sentencia.
Finalmente, el caso llegó al Consejo de Estado, que anuló la decisión del Tribunal y falló a favor de las víctimas, argumentando que "desafortunadamente casos como este se volvieron reiterados en nuestro territorio, al punto que son numerosas las condenas penales contra los miembros de la fuerza pública involucrados en ellos, así como también son numerosas las condenas patrimoniales contra el Estado Colombiano".
Según la Sala de lo Contencioso Administrativo, esta circunstancia "pone de presente una falla sistemática y estructural en la comisión de violaciones graves a Derechos Humanos y/o al derecho internacional humanitario por parte de la fuerza pública del Estado colombiano".