MÉXICO DF, 19 Mar. (Notimérica) -
Durante el pasado miércoles, más de 20.000 campesinos mexicanos se manifestaron en contra de la Ley General de Aguas adoptada en México, calificada por el portavoz del Frente Auténtico del Campo (FAC) como una ley que "viola el derecho humano al agua".
La nueva Ley General de Aguas, aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, tal y como señala el diario mexicano 'La Jornada', permitirá una especie de privatización en la que las empresas dispongan del recurso y fijen las tarifas para así recuperar su inversión.
El pasado 8 de febrero de 2012, el Congreso de México modificó la Constitución de la República para consagrar el acceso al agua como un derecho humano, de la cual se derivó la creación de la Ley General de Aguas.
Esta Ley fue creada para darle cumplimiento al Artículo 4 de la Constitución mexicana, en el que se establece que "toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible".
Los diputados que hicieron la propuesta del estatuto (Partido Revolucionario Institucional -PRI- y el Partido de Acción Nacional -PAN-), aseguran que el agua no se privatizará, puesto que la Ley General de Bienes Nacionales y el artículo 27 de la constitución no se tocarán.
Sin embargo, el artículo 27 de la Constitución mexicana reza lo siguiente: "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización", según recoge 'TeleSur'.
Tal y como anunció 'CNN México', el líder de la bancada priista, Manlio Fabio Beltrones anunció que el debate se pospondría para escuchar y atender las dudas que pudiera haber al respecto.
Ante esto, los integrantes de la Convención Nacional Campesina e Indígena y el Movimiento 'El campo es de todos', señalaron: "No somos de lento aprendizaje".
En referencia a la movilización que se llevará a cabo el próximo 22 de marzo, ambos grupos indicaron: "Sabemos que van a tomar el tema con mayor ímpetu, por eso el llamado a la ciudadanía y a todas las agrupaciones sociales y campesinas a unificarnos para fortalecer la lucha social".
Por su parte, especialistas aseguran que conceder a un particular el suministro de agua afectaría aún más a la economía de los mexicanos, especialmente en los sectores más vulnerables, ya que habría un incremento en las tarifas y, a su vez, se vería afectada la calidad de vida.
Colectivos y ONG que están en contra de esta ley, advirtieron que las empresas tendrían garantizada la recuperación de su inversión a costa de las tarifas cobradas al usuario final o recursos del gobierno.
Las ONG también advierten de la toma de decisiones a espaldas de la ciudadanía y uso de la fuerza pública para hacer cumplir las determinaciones de la autoridad, según recoge 'CCN México'.
AFECTARÁ A LAS POBLACIONES INDÍGENES.
Por último, el hidrogeólogolo de la Universidad Nacional Autónoma de México, Rafael Huízar Álvarez, en entrevista con el portal DW, criticó que la ley habla de suministrar el agua a las grandes concentraciones urbanas, descritas como "asentamientos humanos", pero a las poblaciones marginadas no se les considera prioritarias, por lo que esto afecta además a los pueblos indígenas.
"Los recursos hídricos que se encuentran en sus territorios ancestrales serían usados para llevar agua a zonas donde esta se paga bien", señaló Huízar.
Asimismo, para solucionar el problema de la escasez de agua que habita en algunas regiones del país, se propone el trasvase de agua de una cuenca a otra mediante megaproyectos de infraestructura. No obstante, el geólogo Huízar Álvarez apunta que "hace falta evaluar con datos duros si realmente hay escasez de agua, puesto que las bases de datos que sirvieron para elaborar la ley son bastante deficientes".