La Comisión Europea dice seguir el asunto "con atención y preocupación"
MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Constitucional de Polonia ha dictado este jueves la salida del cargo del Defensor del Pueblo, Adam Bodnar, al considerar que la extensión de su mandato es ilegal.
Así, la sentencia indica que Bodnar tendrá que dejar el cargo en un plazo de tres meses desde el veredicto, según informaciones del diario 'Rzeczpospolita'. La oficina del Defensor del Pueblo es considerada por muchos como la última institución que no queda relegada al control del gubernamental Partido Ley y Justicia (PiS).
Sin embargo, muchos detractores de la formación aseguran que la entidad está igualmente bajo su influencia dado que tiene cierta autoridad sobre el tribunal. Bodnar ha sido objeto de críticas por parte del Gobierno, especialmente por defender los derechos de la comunidad LGTBI, lo que ha llevado al PiS a acusarlo de "politizar" el puesto.
El mandato de cinco años de Bodnar finalizó en septiembre de 2020. No obstante, ha seguido en el cargo dada la imposibilidad del Parlamento de nombrar a un sucesor de momento.
El PiS controla la Cámara Baja y ha rechazado en dos ocasiones la candidatura de Zuzanna Rudzinska-Bluszcz, aliada de Bodnar. Por contra, el partido apoya a Piotr Wawrzyk, diputado de la formación y exviceministro de Exteriores --cuya candidatura ha sido rechazada por el Senado--.
Las candidaturas deben ser aprobadas por el Parlamento, si bien la oposición polaca teme que tras la salida de Bodnar el PiS trate de introducir a un candidato de forma interina, por lo que podrían sortear el control parlamentario. Actualmente, el PiS apoya a Bartlomiej Wroblewski como candidato a sucederle.
Preguntado por este asunto, el portavoz de la Comisión Europea para Justicia, Christian Wigand, ha indicado que desde Bruselas se sigue este caso "con atención y preocupación", al tiempo que ha recordado que la situación del Estado de Derecho en Polonia es un asunto que les "preocupa de manera general" y seguirá tomando las medidas que estén en su mano para reaccionar.
Del Defensor del Pueblo, Wigand ha destacado que es una institución fundamental para defender los derechos de los ciudadanos, por lo que debe ser "independiente" y garantizarse que su actividad no se ve dañada.