MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Japón ha protestado este viernes la sentencia emitida por un tribunal de Seúl que le obliga a indemnizar a las mujeres que obligaron a prostituirse durante la invasión de la península de Corea por parte de las tropas niponas, algo que el primer ministro japonés ha calificado como "absolutamente inaceptable".
Desde 1910 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se estima que hubo al menos 20.000 de las conocidas "mujeres de confort", jóvenes forzadas que fueron víctimas de esclavitud sexual, cuyo número otros estudios elevan hasta las 410.000, no sólo en Corea, sino también en China, Filipinas, Vietnam, Tailandia, Malasia, Indonesia y otros territorios ocupados por las tropas imperiales japonesas.
La sentencia, dada a conocer este viernes, fija una indemnización de 100 millones de wones (más de 74.500 euros) por víctima.
No obstante, este sábado, en declaraciones a los periodistas recogidas por la agencia estatal de noticias Kyodo News, Suga ha incidido en que, según el Derecho Internacional, un estado soberano no está sujeto a la jurisdicción de tribunales extranjeros, por lo que la demanda, y por tanto la condena, debe ser desestimada.
Sin embargo, las víctimas alegan que esta figura jurídica no contempla los crímenes de guerra, o aquellos de lesa humanidad.
Además, ha añadido que el fallo va en contra de un acuerdo bilateral de 1965 que estableció propiedades y reclamos relacionados con el dominio colonial japonés de la península de Corea, incluido el trato de las mujeres obligadas a trabajar en burdeles militares nipones en tiempos de guerra.
"Insto encarecidamente al gobierno de Corea del Sur a que corrija esta violación del Derecho Internacional", ha advertido el líder.
Asimismo, el viceministro de Relaciones Exteriores, Takeo Akiba, ha convocado al embajador de Corea del Sur en el país, Nam Gwan Pyo, para protestar y expresarle que la sentencia es "extremadamente lamentable".
Ante esto, Nam ha asegurado que "para llegar a una resolución, ambos países deben responder con calma y moderación", y que Corea del Sur evitará que este fallo tenga un impacto negativo en la relaciones entre ambas naciones.
A pesar de las protestas públicas, Japón no apelará el fallo, ya que hacerlo pondría al país bajo la jurisdicción de Corea del Sur, ha subrayado el portavoz del Gobierno, Katsunobu Kato. Según la agencia surcoreana de noticias Yonhap, a esta sentencia podría sumarse otra en este sentido durante la próxima semana.
La acusación, presentada en 2013, refleja el caso concreto de doce mujeres --sólo cinco de ellas continúan con vida-- que fueron obligadas a prostituirse durante la ocupación japonesa de la península de Corea, que en calidad de colonia estuvo dominada durante casi toda la primera mitad del siglo XX.
El litigio no pudo ser remitido a un tribunal hasta enero de 2016, un año después de que Japón, que se ha negado a aceptar el caso, y Corea del Sur anunciaran un acuerdo "final e irreversible", por el que el Estado nipón se comprometía a ingresar 9,3 millones de dólares (7,5 millones de euros) en un fondo de compensación.
Sin embargo, las asociaciones de víctimas y las supervivientes protestaron alegando que no habían sido incluidas, ni consultadas. Así, con la llegada del actual presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, en 2017, el Gobierno decidió cancelar el acuerdo.