MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
El primer ministro de Camboya, Hun Sen, ha ordenado este martes que todos los fallecidos por coronavirus se incineren porque es un "método fácil de manejar" mientras el país hace frente a un brote que arrancó en febrero y que ha obligado a suspender actividades y abordar una nueva ley con medidas sanitarias.
"Pido que se organicen los crematorios en la capital y las provincias en caso de muertes por COVID-19 ocurrieran en lugares donde la gente pudiera residir lejos de cualquier crematorio", ha precisado el dirigente, quien ha señalado que se tienen que "establecer regulaciones sobre la rapidez con la que un cadáver deber ser incinerado después de una muerte por coronavirus".
Hun Sen también ha solicitado a los ministerios de Igualdad y Justicia que redacten un nuevo decreto con medidas sanitarias para contener la pandemia y que incluyan las nuevas órdenes en cuanto a la cremación, informa el medio local 'Phnom Penh Post'.
Todas estas demandas se realizan debido a la situación que enfrenta el país, una situación que nunca antes había sido tan crítica y continúa empeorando, pues este miércoles ha batido un récord en el número de nuevos casos diarios, con 64, según la cartera de Salud.
Estos casos están relacionados con el brote originado el pasado 20 de febrero y que ya engloba 613 positivos, cerca de la mitad del total de contagios que el país ha contabilizado desde que estalló la pandemia, 1.124, mientras son 574 los pacientes en tratamiento y no se han notificado fallecidos.
En este contexto, el Gobierno ha suspendido las clases en algunas escuelas y ha dado instrucciones para el teletrabajo, entre otras medidas.
Asimismo, este jueves el Senado tiene programada una sesión extraordinaria para debatir y sacar adelante un nuevo proyecto de ley con unas medidas más estrictas contra la COVID-19.
El documento fue propuesto por el Gobierno a finales de febrero y aprobado por la Asamblea Nacional el 5 de marzo y responde al reciente brote de coronavirus. Así, establece medidas en relación a la prohibición de viajes, reuniones, actividades comerciales, cierres de lugares considerados fuente de infecciones y la prohibición de ciertos productos.
La ley contempla que las personas que incumplan las medidas se enfrentarán a sanciones que van desde multas hasta la revocación de licencias comerciales o penas de prisión. En concreto, la pena de cárcel más grave serían entre 10 y 20 años para un persona que propague el virus de forma intencionada y bajo las órdenes de un grupo organizado.