MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
Una parte de la comisión del Senado brasileño que investiga la gestión de la pandemia llevada a cabo por el Gobierno está dispuesta a acusar al presidente, Jair Bolsonaro, de genocida por el olvido al que relegó a los pueblos y comunidades indígenas durante las etapas más duras de la crisis sanitaria.
Quien sostiene con firmeza esta tesis es uno de los principales relatores de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), el senador Renan Calheiros, quien hace unos días ya adelantó que Bolsonaro sería acusado de hasta once cargos, entre ellos delitos contra la salud pública y contra la humanidad.
Según Calheiros, toda los datos y análisis que se han recopilado durante estos seis meses de comisión son "unánimes" en lo que respecta a la negligencia de Bolsonaro hacia estos pueblos, donde la enfermedad del coronavirus ha sido más virulenta, con una mortalidad del 6,8 por ciento, casi dos puntos más que el resto de las comunidades brasileñas.
Sin embargo, Calheiros se ha topado con la reticencia de algunos de los senadores que conforman el grupo mayoritario de la CPI, como el propio presidente de la comisión, Omar Aziz; y Eduardo Braga, quienes sostienen que para encuadrar a Bolsonaro en tal posición es necesario demostrar que de hecho pretendía exterminar a los pueblos indígenas y sus comunidades.
En caso de que el debate continúe antes de la inminente presentación de la conclusiones el asunto deberá ser debatido en el seno de la comisión, que sí parece, por el contrario, dispuesta a acusar a Bolsonaro de delitos de lesa humanidad, recuerda el diario 'Folha de Sao Paulo'.
A la espera de que quede resuelta esta nueva coyuntura, quien ya presentó una denuncia por genocidio contra Bolsonaro fue la principal organización de los pueblos indígenas de Brasil (APIB), la cual en agosto acudió Tribunal Penal Internacional (TPI) con un informe en el que se detallaba cómo 1.162 personas de hasta 163 comunidades originarias murieron por la gestión de las autoridades.
El documento sostiene que Bolsonaro habría permitido por omisión de funciones en materia medioambiental que se produjera un genocidio, representado en el desmantelamiento de sus servicios públicos de protección social, permitiendo a su vez el asalto de sus tierras, deforestaciones ilegales e incendios provocados.