Publicado 28/01/2021 14:45CET

Coronavirus.- HRW acusa a Bolsonaro de utilizar una ley de la dictadura para silenciar las críticas por la pandemia

Manifestación contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro
Manifestación contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro - IGOR DO VALE / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ONG Human Rigths Watch (HRW) ha acusado al Gobierno de Jair Bolsonaro de servirse de la Ley de Seguridad Nacional de 1983, aprobada en plena dictadura, para perseguir incluso con penas de cárcel a quienes critican la respuesta de las autoridades federales a la pandemia de coronavirus.

Desde junio, la Policía ha abierto investigaciones penales contra al menos cuatro personas por estas críticas y el Gobierno ha solicitado la apertura de una causa contra el juez del Tribunal Supremo Gilmar Mendes, todas ellas tomando como referencia la Ley de Seguridad Nacional. El Ejecutivo también ha reclamado que se investigue a dos periodistas, aunque con otra ley en la mano.

La norma de 1983 contempla "protecciones especiales" para determinadas instituciones o cargos, entre ellos el presidente, pero HRW ha recordado que, "en un país democrático", la sociedad debería poder hablar y criticar con libertad a sus autoridades en asuntos que son de interés público.

El director de la ONG para las Américas, José Miguel Vivanco, ha asegurado que Bolsonaro, un "defensor confeso" de la dictadura, está utilizando una ley de esa épica "para intentar intimidad y silenciar a las personas que discrepan con él". En este sentido, ha instado al Parlamento a revocar al menos los artículos que puedan violar la libertad de expresión.

En el caso del magistrado Mendes, el Ministerio de Defensa instó a la Fiscalía a abrir una investigación por criticar la labor del Ministerio de Sanidad, encabezado entonces por un militar en activo, y decir que las Fuerzas Armadas se estaban viendo implicadas indirectamente en un "genocidio".

El Gobierno argumentó entonces que Mendes había violado el artículo 23, que castiga con penas de hasta cuatro años de cárcel a quienes inciten el odio contra las Fuerzas Armadas o choques entre esta institución y las administraciones civiles.

También el ministro de Justicia, André Mendonça, ha tomado la iniciativa en varios casos, como uno reciente en el que solicitó a la Fiscalía que investigase a dos periodistas por un artículo en el que estaban "instigando a dos presidentes a suicidarse". El texto en cuestión planteaba que el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se quitase la vida para convertirse en mártir y que Bolsonaro lo imitara.