ESTOCOLMO, 22 Dic. (DPA/EP) -
El Gobierno de Suecia ha informado este martes de su intención de formar un comité parlamentario que tenga el objetivo de analizar cómo garantizar a futuros ejecutivos mayores poderes para enfrentarse a crisis como la desencadenada por la pandemia de la COVID-19.
El primer ministro sueco, Stefan Lofven, ha detallado que, entre esas hipotéticas situaciones, se encuentran "desastres naturales, la propagación extensa de una infección o ataques terroristas".
A pesar de que ha admitido que la Constitución de Suecia ofrece directivas "claras" sobre cómo proteger a los ciudadanos "en caso de guerra", ha reiterado que, "cuando se trata de proteger a los suecos de un enemigo que está en el aire, previamente desconocido e invisible", puede haber una razón para revisar los poderes del Gobierno.
En Suecia, los cambios o enmiendas a la Constitución tienen un largo recorrido para evitar que salgan adelante decisiones apresuradas. El Parlamento del país europeo debe aprobar dos proyectos con idéntica redacción separados por unas elecciones generales.
Por otra parte, la ministra de Salud y Asuntos Sociales sueca, Lena Hallengren, ha anunciado que el Gobierno presentará una ley temporal "o parte de ella" para ayudar a prevenir la propagación de la COVID-19 el 4 enero, con la vista puesta en que entre en vigor el 15 de ese mismo mes.
A juicio del Ejecutivo sueco, la nueva ley es necesaria porque la legislación actual tiene "limitaciones". En concreto, la nueva iniciativa permitiría el cierre de los centros comerciales, el transporte público, los gimnasios o las instalaciones culturales o limitar el número de personas a las que se permite estar en esas ubicaciones al mismo tiempo.
Suecia, que tiene una población de 10,3 millones de personas, ha contabilizado casi 389.000 personas contagiadas de la COVID-19, incluidas más de 8.000 víctimas mortales debido a la enfermedad.