La Corte Suprema de Brasil aprueba una investigación sobre el jefe de gabinete de Bolsonaro por delitos electorales

Onyx Lorenzoni
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Publicado 04/12/2018 23:22:23CET

   BRASILIA, 4 Dic. (Reuters/Notimérica) -

   La Corte Suprema de Brasil ha indicado este martes que ha autorizado una investigación federal de las acusaciones de que el futuro jefe de gabinete del presidente electo, Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, recibió donaciones ilegales de campaña.

   La fiscal general, Raquel Dodge, ha pedido al alto tribunal que permita una investigación sobre si Lorenzoni, un veterano congresista federal que será jefe de gabinete de Bolsonaro, aceptó donaciones ilegales de campaña por parte de la mayor compañía cárnica mundial, JBS SA.

   Lorenzoni dijo en un comunicado que no está preocupado por el caso y está seguro de que será rechazado.

   En un testimonio judicial presentado el año pasado, ejecutivos de JBS dijeron que realizaron pagos por 200.000 reales (52.290 dólares) a Lorenzoni entre 2012 y 2014, según documentos judiciales a los que tuvo acceso 'Reuters'.

   El testimonio formó parte de un acuerdo con fiscales que llevó a que J&F Investimentos SA, el holding que controla JBS, pagara una multa récord de 10.300 millones de reales por sobornos a unos 1.800 políticos a todos los niveles en los últimos años en Brasil.

   Uno de los futuros colegas de gabinete de Lorenzoni, Sergio Moro, que será ministro de Justicia y que como juez lideró una gran investigación contra la corrupción política, dijo el martes que confía plenamente en Lorenzoni. Según dijo, es un fuerte defensor de las medidas anticorrupción que los fiscales querían que aprobara el Congreso.

   La investigación es la segunda acusación de soborno contra un alto cargo del futuro gobierno del ultraderechista Bolsonaro, quien fue elegido al frente de una plataforma de ley y orden y ha prometido poner fin a la amplia corrupción política.

   La semana pasada, la policía federal abrió una investigación contra Paulo Guedes, futuro ministro de Economía, para determinar si cometió un fraude ligado a fondos de pensiones de firmas bajo control estatal. Los abogados de Guedes argumentan que no hizo nada ilegal.

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