Actualizado 07/07/2010 20:47

Costa Rica.- El Gobierno aclara que la presencia de buques de guerra de EEUU no implica la militarización de Costa Rica


SAN JOSÉ, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Laura Chinchilla volvió a negar que la presencia de 46 buques de guerra y unos 7.000 militares de Estados Unidos implique la militarización de Costa Rica, en un intento por acallar la polémica que estalló la semana pasada cuando el Congreso dio luz verde a este acuerdo para reforzar la lucha contra el narcotráfico en ese país que abolió el Ejército hace 62 años.

"Bajo ningún concepto puede malinterpretarse la solicitud del permiso como un intento de militarizar la lucha antidrogas ni representa ningún peligro para la soberanía costarricense, ni nos estamos convirtiendo en alguna base de militares", aclaró el comisionado Antidrogas del Gobierno, Mauricio Boraschi, este martes en rueda de prensa.

El Parlamento autorizó --con 31 votos a favor y ocho en contra-- el patrullaje en aguas costarricenses 46 buques de guerra, 200 helicópteros, 10 aviones Harrier y 7.000 soldados estadounidenses entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de este año, en el marco de un convenio suscrito en 1998 entre San José y Washington para incautar cargamentos de droga, cuya vigencia ha sido puesta en duda por diputados de la oposición.

Boraschi ha insistido en que con la presencia militar norteamericana "Costa Rica no está comprometiendo su soberanía ni la aplicación de la ley penal" porque con este convenio el Gobierno no ha hecho "renuncia alguna a la aplicación de las leyes" del espacio terrestre y marítimo nacional.

La llegada de las unidades de guerra y de los soldados norteamericanos no será masiva ni tendrán autorización para realizar ningún tipo de operativo en tierras costarricenses, según explicó Boraschi. "Por lo tanto, consideramos que está dentro del marco de lo que ha venido sucediendo en el pasado y de lo que queremos, también, en cuanto a la lucha contra el narcotráfico", acotó.

Entretanto, en el Congreso continúan los debates sobre la vigencia de este acuerdo que, según el legislador Luis Fishman, del opositor partido Unidad Social Cristiana (PUSC), expiró en octubre de 2009 según lo establece la misma ley, tesis que ha sido rechazada por la coalición gobernante.

Fishman, quien era presidente del Parlamento cuando se suscribió ese convenio, había anunciado anteriormente que su partido presentará un recurso de inconstitucionalidad para impedir el ingreso de los buques de Estados Unidos, al considerar que este aval otorgado a la Casa Blanca "va más allá" del acuerdo de cooperación de vigilancia costera firmado en 1998.