SAN JOSÉ, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
La oposición al Gobierno de Laura Chinchilla presentará un recurso de inconstitucionalidad para impedir el ingreso de 46 buques de guerra, 200 helicópteros, 10 aviones Harrier y 7.000 soldados estadounidenses a aguas de Costa Rica, aprobado la semana pasada por el Congreso para reforzar las acciones contra el narcotráfico.
La decisión --aprobada con 31 votos a favor y ocho en contra-- ha generado una polémica sin precedentes en ese país que abolió el Ejército y las prácticas militares en 1948. Chinchilla, en cambio, ha insistido en explicar que el despliegue de fuerzas estadounidenses no se realizará en tierra firme porque se trata de una medida que se ajustará al acuerdo suscrito hace 12 años para que los guardacostas norteamericanos se incauten cargamentos de droga.
La fracción legislativa del opositor partido Unidad Social Cristiana (PUSC) ha asegurado que este aval otorgado a la Casa Blanca "va más allá" del acuerdo de cooperación de vigilancia costera firmado en 1998, aseguró el legislador Luis Fishman, quien era presidente del Parlamento cuando se suscribió ese convenio. "Es un acto inconstitucional que afecta la soberanía nacional", acotó.
Otros partidos opositores como Frente Amplio y Acción Ciudadana han rechazado el hecho de que los buques y el personal militar estadounidense puedan estar presentes en el océano Pacífico y Mar Caribe costarricense entre el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de este año, porque eso de alguna manera atenta contra la soberanía nacional.
"Con lo que no estamos de acuerdo es que con que entren sin ningún tipo de control, que se aprobara como un solo paquete el ingreso de los barcos, además de que se violenta la soberanía", señaló la diputada Carmen Granados, del Partido Acción Ciudadana. "No podemos saber qué traen, si traen drogas, armas, porque no hay controles sobre su ingreso al país", advirtió.
El Gobierno de Chinchilla ha negado que se trate de una medida similar a la que Washington ha aplicado con el Plan Colombia y ha insistido en que este permiso no implica el despliegue de 7.000 militares en territorio costarricense ni tampoco ejercicios militares que interfieran en la rutina o pongan en peligro la vida de los ciudadanos.