BUENOS AIRES, 9 Feb (Notimérica/Notimex).-
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, atribuía este jueves una denuncia en su contra a la presunta persecución política y judicial encabezada por el Gobierno del presidente Mauricio Macri.
La senadora presentaba un escrito al juez Julián Ercolini para responder a la demanda por daños y perjuicios iniciada por el titular de la Dirección de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, quien acusa a la expresidenta de un delito de corrupción en el otorgamiento de obras públicas.
"El único argumento que tiene el Gobierno en su demanda es la persecución política", afirmaba la exmandataria en un documento en el que también agregaba que "la persecución selectiva" en contra de exfuncionarios kirchneristas "es animosa".
Asimismo, indicaba que el Gobierno "no solo encarcela, sin razón (lógica y jurídica) a exfuncionarios públicos, sino que evita demandar a quienes ocuparan el cargo de Jefe de Gabinete".
Iguacel demandó civilmente a Fernández de Kirchner; al exministro de Planificación, Julio De Vido; al exsecretario de Obras Públicas, José López; al primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner y al empresario Lázaro Báez.
Igualmente, el funcionario exigió un resarcimiento de unos 1.125 millones de dólares por daños "ocasionado por los hechos de corrupción" que investiga Ercoloni en una causa judicial en la que el principal cargo contra la expresidenta es "asociación ilícita".
Como respuesta, la actual senadora calificaba de "absurda" la demanda ya que considera que pasa por alto a los empresarios beneficiados por obras viales, entre ellos al primo de Macri, Ángelo Calcaterra, a sus exjefes de Gabinete y a gobernadores que aprobaron las licitaciones.
Además, consideraba que Iguacel realizó "una demanda civil tan ridícula que pone en peligro el sistema de gobierno republicano" porque cuestiona las facultades ejercidas por gobiernos democráticos.
"La ausencia palmaria de los presupuestos de la responsabilidad evidencia un conglomerado político, mediático y judicial que apunta a denostar, demonizar, difamar y estigmatizar cualquier expresión política que exprese los intereses de los sectores populares", afirmaba.