LIMA, 24 Jun. (Reuters/EP) -
El presidente de Perú, Alan García, ha sido duramente criticado por opositores y organizaciones de nativos por su decisión de no ratificar la ley que otorgaba más poder a los indígenas para frenar proyectos mineros, energéticos o de infraestructuras que afecten a sus tierras.
Poco antes del cierre de la actual sesión legislativa, el Ejecutivo envió una serie de observaciones a la ley, que había sido aprobada en mayo por el Congreso en un intento por evitar violentos choques, como el que dejó más de 30 personas muertas el año pasado en la selva peruana.
En junio de 2009, los nativos amazónicos realizaron su mayor protesta contra el Gobierno de García, en la que demandaron la derogatoria de leyes que permitían la explotación de la riqueza natural de la Amazonía argumentando que vulneraría sus tierras ancestrales.
"Mantienen una posición terca de no comprender ni respetar el derecho de las comunidades indígenas" que reclaman su "consentimiento respecto a cualquier propuesta administrativa o legislativa que haga el Estado en relación a sus derechos", declaró a Reuters el parlamentario Edgard Reymundo del opositor Bloque Popular.
El proyecto pretende adoptar varios artículos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece el derecho a consulta a los pueblos indígenas. No obstante, García, si bien defendió que se consulte a los nativos, afirmó que ello no puede implicar que tengan derecho a veto ni que se incluya entre los beneficiarios de la ley a las comunidades campesinas.
"La ley que se ha aprobado en el Parlamento va más allá del Convenio 169 porque no sólo trata a las comunidades nativas de la Amazonía sino que ha extendido el concepto a las comunidades campesinas", dijo García a los periodistas.
"Ahora resulta que para hacer una carretera o para que pase un gasoducto tan importante, si es que en la reunión de los comuneros deciden que no pase, no hay gasoducto, y se quedó sin luz o gas Lima, por ejemplo", agregó.
La explotación de la riqueza natural de Perú suele despertar el rechazo de comunidades que temen el impacto al medioambiente y que demandan una mayor tajada de los beneficios de las empresas. El país andino es un importante productor mundial de metales y busca posicionarse como un jugador energético clave. Ambos sectores son considerados vitales para el crecimiento de Perú, una de las economías que ha registrado un mayor repunte en el mundo durante la década pasada.
"Esta ley representa una oportunidad crucial para que el Gobierno peruano demuestre que es serio a la hora de resolver el tipo de conflictos sociales como el que llevó a la tragedia", consideró en un comunicado Gregor MacLennan de Amazon Watch, que trabaja con nativos, sobre el choque de junio pasado.
Según los nativos, el Gobierno de García teme que ellos frenen el desarrollo de proyectos mineros y petroleros. "Esto significa que el Gobierno puede hacer lo que le venga en gana en los territorios ancestrales indígenas, así los pueblos no estén de acuerdo con que una empresa transnacional extractiva ingrese a sus comunidades para desforestar", dijo la asociación selvática AIDESEP en un comunicado.
En el Congreso, los opositores afirmaron que insistirán para que el proyecto original sea ratificado por mayoría, con lo que no necesitaría la firma de García para que se convierta en ley. Sin embargo, advirtieron de que será un camino difícil debido a que se reunirán nuevamente a mediados de agosto y deberán conseguir el apoyo de parlamentarios que suelen alinearse con el partido oficialista, el APRA.
"Está absolutamente comprobado que el presidente García resulta siendo un títere de los sectores económicos que son los que manejan este país", dijo a Reuters el congresista nacionalista Daniel Abugattás.
El mandatario, quien no puede presentarse a los próximos comicios pues las leyes peruanas lo impiden, ha respaldado las grandes inversiones para apuntalar y sostener el repunte de la economía local tras la crisis mundial. El sector minero recibiría inversiones por unos 30.000 millones de dólares en los próximos cinco años.
(EUROPA PRESS INTERNACIONAL)