Crónica Argentina.- La fiscal pide entre 13.300 y 17.000 años de cárcel para Cavallo por crímenes contra la humanidad

Actualizado 11/01/2006 19:44:31 CET

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado pidió hoy penas que oscilan entre los 13.332 y los 17.010 años de prisión para el ex represor argentino Ricardo Miguel Cavallo por los crímenes que supuestamente cometió durante la dictadura argentina (1976-1983). La variación de penas se debe a que el escrito de acusación incluye seis alternativas de condena, todas ellas por miles de años de encarcelamiento, aunque el tiempo máximo de cumplimiento en España son 30 años de internamiento.

La fiscal explica en su escrito de acusación que a lo largo de 1975, los responsables militares argentinos, las Fuerzas policiales y civiles "tomaron la decisión no sólo de derrocar a la presidenta constitucional, María Estela Martínez de Perón, mediante un golpe de Estado, que se materializó el 24 de marzo de 1976, sino también de diseñar, desarrollar y ejecutar un plan criminal sistemático de desaparición y eliminación física de una considerable parte de la ciudadanía que reputaban incompatible con su proyecto político y social".

Las víctimas eran seleccionadas "en función de su adscripción a determinados sectores y por motivos ideológicos, políticos, étnicos y religiosos". Es decir, se trataba de eliminar a todas las personas que consideraban "contrarias a lo que denominaban 'la moral occidental y cristiana'".

Para ello, se estableció un esquema represivo que "respondía a una estructura férrea y estrictamente militar". El sistema funcionaba verticalmente, según la estructura jerárquica del Ejército, y horizontalmente, por armas o clase, pero con rígida coordinación, impuesta por los componentes de las sucesivas Juntas Militares. Dentro del operativo general funcionaban cinco grupos de tareas, de GT1 a GT5, siglas con las que se definía a la Policía Federal, Batallón de Inteligencia, Armada Nacional, Fuerza Aérea y Side.

La dictadura llegó a contar con alrededor de 340 centros clandestinos de detención, entre los que destacaba la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), a los que se conducía a los arrestados y con el fin de interrogarles, "bajo tortura", para "posteriormente matarlos o mantenerlos secuestrados, consiguiendo con ello una limpieza ideológica, familiar, social, intelectual, sindical, religiosa o incluso étnica parcial, que permitiera cumplir el plan trazado de construir una 'Nueva Argentina'".

Nada más producirse el golpe de Estado, se inició la detención masiva de ciudadanos que fueran torturados "con métodos 'científicos'". Su exterminio fue generalizado. Los cadáveres fueron enterrados en fosas comunes, quemados o lanzados al mar desde aeronaves en los conocidos como "vuelos de la muerte". Se calcula que por estos métodos desaparecieron entre 20.000 y 30.000 personas, entre las que figuran 610 españoles o descendientes de españoles.

Además, se saquearon los bienes de las víctimas y se secuestró y entregó a otras familias a los bebés de las detenidas que dieron a luz en los centros de detención clandestinos para que los niños no se "contaminaran" con sus familias biológicas.

"SÉRPICO".

En 1976, Ricardo Miguel Cavallo, que utilizaba los alias "Sérpico" y "Marcelo", era teniente de Fragata y estaba destinado en la ESMA, donde "se integró plenamente en el desarrollo de ese plan de represión y exterminio", y formó parte de dos grupos de tareas de forma permanente. Primero estuvo en el encargado de "allanamientos, muerte, detención, secuestros y apropiación de bienes de las víctimas, a partir de los datos que proporcionaba el sector de Inteligencia".

A partir de enero de 1979 se integró en el área de Inteligencia y "por tanto participó en las torturas que en forma sistemática se practicaban sobre los detenidos". Además, asumió el cargo de responsable del sector "Pecera", en el que se sometía a trabajos forzados y reducción a servidumbre de los detenidos designados con el objetivo de recupararlos para el "nuevo orden" preconizado por los represores. Es decir, que Cavallo podía decidir quiénes eran liberados y quiénes "trasladados", es decir, asesinados.

Durante su estancia en la ESMA, de la que fue trasladado en marzo de 1980 al Centro Piloto de París, estuvieron detenidas allí en algún momento 5.000 de las 30.000 personas desaparecidas durante la dictadura. Gracias a las investigaciones se han podido contabilizar 255 personas desaparecidas o ejecutadas, mientras Cavallo estuvo en la ESMA. Se han podido individualizar 209 de ellas.

La fiscal afirma que "Cavallo aceptó ese plan (de exterminio de supuestos opositores del régimen) cuando tuvo conocimiento de él, aceptó los objetivos perseguidos con el mismo, formando parte del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA, se involucró en tales actividades y participó directamente en la ejecución del plan cuando secuestró, torturó" y decidió qué detenido podía seguir viviendo o debía ser asesinado.

PENAS ALTERNATIVAS.

El Ministerio Público califica los hechos como genocidio en relación con 7 delitos de asesinato, 152 delitos de lesiones y 407 de terrorismo (13.362 años de cárcel). Si la acusación se hace considerando todos los delitos anteriores como terrorismo la pena asciende a 17.010 años de prisión.

Las anteriores penas se rebajan diez años si en vez de genocidio se consideran delitos de lesa humanidad, es decir, 13.352 con la primera de las alternativas y 17.000, con la segunda. En cambio, la tipificación de los hechos con la legislación vigente cuando se produjeron los crímenes, que no incluye ninguno de los dos delitos de persecución universal, ya que éstos se incluyeron en el ordenamiento en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, suponen 13.332 años de cárcel y 16.980, según se consideren los hechos imputados como asesinatos y lesiones o como delitos de terrorismo.

Cavallo, quien fue extraditado por México a España al ser reconocido por varias víctimas de la represión que se vivió en Argentina durante la dictadura, ha pedido ser conducido a una cárcel militar, pero la fiscal se ha opuesto al considerar que no goza de esa condición en España. El tribunal que juzgará al presunto represor aún no se ha pronunciado.