El Gobierno de 'Lula' intenta convencer a las autoridades regionales para que acepten la ayuda del Ejército y la Policía federal
SAO PAULO, 15 May. (EUROPA PRESS) -
La violencia desatada en Sao Paulo el pasado viernes continúa recorriendo el estado brasileño, con al menos 72 personas muertas, un total de 150 ataques y unos 45 motines en otras tantas instituciones penitenciarias. Mientras los policías militares cambian sus armas por ametralladoras para proteger el Gobierno estatal, el Ejecutivo del presidente Ignacio 'Lula' da Silva intenta convencer a las autoridades estatales para que acepten la ayuda de las fuerzas de seguridad federales.
Aunque algunas informaciones hablan de hasta 90 muertos, hasta ahora hay confirmada la muerte de 20 policías militares, cinco policías civiles, tres guardias municipales, ocho agentes penitenciarios, 23 sospechosos, 11 presos y dos civiles, "un saldo comparable al de situaciones de guerra", según la emisora Jovem Pan. Sin embargo, el Gobierno regional seguía considerando hoy que todo estaba "bajo control".
En un principio, los objetivos de los ataques eran principalmente las oficinas y los puestos de la Policía militar y civil, así como algunas instituciones oficiales. Sin embargo, en las últimas horas, oficinas bancarias y autobuses se han llevado lo peor.
Decenas de autobuses han sido quemados, y las principales empresas de transporte no quisieron sacar hoy sus flotas a las calles, un elemento agregado más al caos que vive Sao Paulo, la ciudad más grande de América Latina, con entre 16 y 18 millones de habitantes.
Tampoco los padres quisieron llevar a sus hijos al colegio en gran parte del estado y las autoridades estimaron que al menos el 30% de los alumnos de toda la región permanecieron en sus casas. Además, las tiendas del centro de la capital y de algunos grandes centros comerciales comenzaron a echar el cierre de sus establecimientos.
Las acciones violentas han sido organizadas por el Primer Comando de la Capital (PCC), el principal grupo criminal del estado, relacionado con el narcotráfico y el tráfico de armas, como respuestas a una decisión del Gobierno de la región de aislar a los líderes de la organización.
El jueves, 765 presos fueron transferidos para la cárcel número 2 de Presidente Venceslau, 620 kilómetros al oeste de Sao Paulo, con la intención de impedir las acciones organizadas por la facción, y el viernes ocho líderes del PCC fueron llevados a declarar a la sede del Departamento de Investigaciones sobre el Crimen Organizado (DEIC), en la zona norte del estado.
Entre estos ocho miembros del PCC se encontraba Marcos Willians Herba Camacho, alias 'Marcola', que ayer fue llevado a la cárcel Presidente Bernardes, 589 kilómetros al oeste de Sao Paulo y considerada la prisión más segura del país, donde permanecerá bajo el denominado Régimen Disciplinar Diferenciado, más riguroso.
MOTINES
A lo largo del día se fueron solucionando algunas de las rebeliones que afectaban a más de 40 centros penitenciarios, con más de 200 rehenes. La Policía confirmó hoy que anoche tomó el control en la cárcel de Ribeiro Preto y pudo liberar a 100 visitantes que permanecían como rehenes. En su interior, encontraron los cadáveres de tres detenidos.
Se da la circunstancia de que ayer Brasil celebraba el Día de la Madre, con lo que las prisiones estaban atestadas de visitas. Además, las autoridades concedieron días libres a unos 10.000 presos con motivo de esta festividad.
Según la emisora Jovem Pan, la situación en la región Presidente Prudente, donde se concentra el mayor número de cárceles de todo el país, la situación es crítica. En concreto, en la prisión de Lucelia, donde hay cinco rehenes, el batallón de choque estaba preparado para intervenir.
AYUDA FEDERAL
Mientras tanto, el Gobierno del presidente 'Lula' continúa ofreciendo la ayuda de la Policía federal y el Ejército para dominar la situación, aunque hasta ahora las autoridades estatales no la han querido aceptar. El gobernador del estado de Sao Paulo, Claudio Lembo, aseguraba ayer que la situación estaba bajo control y descartó la ayuda federal. "Sao Paulo no necesita a la Policía Federal. El estado va a resolver el problema por sí mismo", agregó.
El ministro de Justicia, Márcio Thomaz Bastos, dijo que 4.000 hombres de la Fuerza Nacional de Seguridad están preparados y pueden ser enviados a Sao Paulo. "Del Ejército, podemos enviar aquello (canditad de soldados) que fuera necesario", agregó.
La medida fue tratada hoy en un encuentro entre Bastos y el presidente 'Lula', pero la ayuda está condicionada a una petición formal de envío de tropas federales por parte del estado de Sao Paulo.
El ministro de Justicia se iba a reunir esta tarde con el gobernador de Sao Paulo, Claudio Lembo, para discutir posibles medidas de seguridad que puedan ser implementadas por las autoridades federales y estatales. "Respetamos el principio federal. No se trata de intervención. Tenemos plena confianza en que el Gobierno de Sao Paulo va a controlar esto. El Gobierno federal quiere ayudar, va a ayudar y llevará esta ayuda hasta el último límite", afirmó.
"Confiamos en que las fuerzas de seguridad de Sao Paulo serán capaces de controlar esta situación. No queremos dejar de reiterar esta oferta y manifestar al pueblo de Sao Paulo no sólo nuestra solidaridad teórica, sino nuestra solidaridad práctica, de usar todas las fuerzas del Gobierno federal, si fuera necesario", agregó.
Mientras tanto, los policías militares del Palacio de Bandeirantes, sede del Gobierno estatal, cambiaron el tipo de armamento que utilizaban para garantizar la seguridad del gobernador. Sin intensificar el número de efectivos, dejaron sus armas del calibre 12 por ametralladoras.