Derecho a la Alimentación Urgente denuncia la falta de coherencia del Gobierno en la lucha por el derecho universal a la nutrición
MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
América Latina podría erradicar el hambre que azota el continente "en sólo una década" teniendo en cuenta la cantidad de recursos de que disponen los países de la región, sin embargo, cada vez hay más personas hambrientas y la evolución es negativa en muchos casos, según apuntó hoy el oficial de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre de la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO), José Luis Vivero.
En una rueda de prensa conjunta con la responsable de la campaña Derecho a la Alimentación Urgente, Carlota Merchán, Vivero compareció junto al director de la Oficina de Información de FAO para España y Andorra, Germán Rojas, quien presentó las actividades previstas por el organismo de cara a la conmemoración, el 16 de octubre, del Día Mundial de la Alimentación.
Dichas actividades estarán enfocadas a "crear conciencia" sobre el hecho de que el hambre "puede ser derrotada", pese al hecho de que que actualmente afecta a 854 millones de personas en todo el mundo, y la situación "se ha ido agravando" porque como reconoció Rojas, cada vez "hay más personas hambrientas", pese al Objetivo del Milenio de reducir a la mitad el número de desnutridos.
También pese a esta meta y tal como denuncia Derecho a la Alimentación, "las inversiones en políticas de desarrollo rural en los países en desarrollo han descendido casi un 50 por ciento en los últimos diez años" y, "paradójicamente", tres de cada cuatro personas hambrientas son campesinos o pescadores, o, lo que es lo mismo, productores de alimentos.
Además, se estima que "el mundo produce un diez por ciento" de comida "de más", es decir, que una vez alimentada toda la humanidad, aún sobraría. Por eso, Carlota Merchán incidió en la importancia de saber "qué se produce, cómo se producen y para qué se producen los alimentos" y así poder acudir al núcleo del problema.
LAS CIFRAS DEL HAMBRE.
Según apuntó Rojas, en términos absolutos, el mayor índice de personas hambrientas del mundo se encuentra en Asia, pero en términos relativos el continente más afectado es África, donde un tercio de la población no come con regularidad ni ingiere el mínimo de calorías necesarias para desarrollarse de forma salubre. En Asia, este porcentaje es del dieciséis por ciento.
En América Latina, el diez por ciento de los habitantes pasa hambre, es decir, 54 millones de personas. Esta estimación media de los países de la región se multiplica por tres o por cuatro en lugares como Haití, donde más del 30% de la población no tiene garantizado el acceso a los alimentos, Guatemala, con una cifra que ronda el 40 por ciento y, en general, los Estados de América Central a excepción de México.
En Oriente, las mayores tasas de desnutrición se encuentran en Afganistán y la FAO también llama la atención sobre los países de la antigua Unión Soviética, lugares como Armenia que "están empeorando" y en los que cada vez hay más personas que no tienen acceso a la alimentación.
LA RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS.
La alimentación es un derecho fundamental recogido por la Declaración de los Derechos Humanos y, por tanto, es exigible a los Estados firmantes de la misma el desarrollo de políticas que garanticen su cumplimiento. Con este argumento, Derecho a la Alimentación Urgente exige "una reorganización de prioridades" para que el derecho a la nutrición sea prioridad en las agendas políticas.
En este sentido, la organización, compuesta por Cáritas Española, Prosalus, Veterinarios sin Fronteras e Ingeniería sin Fronteras, exigió al Gobierno español "coherencia" en sus políticas porque, por un lado, se ha convertido en el mayor colaborador bilateral de la FAO y, por otro, en uno de los países "más intransigentes" de Europa en las negociaciones comerciales con los países más pobres (Asia, Caribe y Pacífico).
Por ello, la organización solicita que "el enfoque de derechos sea transversal a todas las políticas de Estado" en España y no sólo al ámbito de la cooperación, y apela a la responsabilidad del Gobierno, quien "debe asumir un papel de promotor de estas políticas en la Unión Europea" para impulsar "el respeto y la realización del derecho a la alimentación" en el mundo.