Actualizado 30/05/2010 13:30

Crónica TPI.- Mañana comienza a debatirse si el TPI es capaz de juzgar actos de "agresión" entre Estados

Más de 1.000 delegados de todo el mundo acuden a Kampala (Uganda) en la primera y única revisión del Estatuto de Roma


MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes de más de un centenar de Estados encabezados por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, se reúnen a partir de mañana en Kampala (Uganda) para decidir si se otorga al Tribunal Penal Internacional (TPI) --la más alta institución encargada de juzgar los crímenes de extrema gravedad en el mundo-- la potestad de actuar en respuesta a un delito de "agresión" entre Estados, un término pendiente todavía de definición jurídica concreta y respecto al cual voces expertas se han pronunciado a favor y en contra, al tratarse de una cuestión, a nivel político, enormemente sensible.

La cumbre, que se prolongará hasta el próximo 11 de junio, es la primera y única oportunidad para revisar el Estatuto de Roma, esto es, el texto constitutivo que sirve de base jurídica para la actuación del TPI desde su creación en 1998. A tal efecto, entre 1.500 y 2.000 delegados se presentarán en la capital del país africano en un evento que, en términos generales, pretende examinar la evolución y el impacto de una institución que, en palabras de Ban Ki Moon, ha supuesto "una ruptura fundamental con la historia" y que debe establecer, de una vez por todas, hasta qué punto está dispuesta a perseguir a los responsables de los crímenes más atroces de la historia reciente, aun a costa de obstaculizar el proceso de paz de las naciones donde se cometieron estos delitos.

Estados Unidos, que acudirá a la cumbre en calidad de observador, no está exento de atención. Su negativa a ratificar el Estatuto, y su ausencia en el debate central serán objeto de "discusiones específicas" entre los asistentes, cuyas conclusiones podrían dificultar cualquier acercamiento de posturas entre Washington y el TPI.

Washington declaró oficialmente su rechazo al Estatuto de Roma en 2002 por órdenes del entonces presidente George W. Bush en lo que ha sido, sin lugar a dudas, el golpe más duro recibido por el tribunal en su corta historia. Se hizo por dos motivos: primero, al contemplar el reconocimiento del tribunal como una posible amenaza contra su soberanía nacional y, segundo y más importante, al insinuar que el TPI podría actuar motivado políticamente, por lo que recomienda que cualquier decisión jurídica respecto a estos crímenes sea trasladada al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Estados Unidos --junto con otros países que no han ratificado el Estatuto, como Grecia y China-- ejerce derecho a veto.

Con todo, la mera presencia de Estados Unidos en el encuentro ya ha sido considerado por Washington como un avance en la postura de la Administración Obama, a pesar de que "quedan años para que EEUU se adhiera al tribunal", declaró el enviado para Crímenes de Guerra, Stephen Rapp a la cadena BBC. "Hay preocupación sobre la posibilidad de que Estados Unidos, sobre el que descansa gran parte de la seguridad mundial pueda ser objeto de acusaciones políticamente motivadas", añadió.

"AGRESIÓN"

La conferencia busca definir con mayor precisión en qué consiste un "crimen de agresión". La definición propuesta en el borrador de Kampala lo explica como "la planificación, preparación, iniciación o ejecución de un acto de agresión que, por carácter, gravedad y escala, constituye una violación manifiesta de la Carta de Naciones Unidas". El TPI reconoce este delito como equiparable a los que juzga en la actualidad --crímenes contra la Humanidad, genocidio y crímenes de guerra--, pero carecerá de jurisdicción sobre él hasta que su definición concreta sea aprobada por la Asamblea de Estados Participantes.

En la práctica, la aceptación de este delito permitiría al TPI actuar en el mismo momento en el que entendiera que una guerra se declarara de forma ilegal, sin esperar a que las partes en conflicto pudieran cometer los crímenes sobre los que el TPI tiene capacidad para actuar. Por poner más ejemplos, se investigaría el delito de agresión en la invasión de un país a otro, un bloqueo portuario, o que un estado permitiera a otro entrar en su territorio para librar una guerra contra un tercero.

En el escenario mundial actual, dominado por la guerra en Irak y Afganistán y el conflicto en Oriente Próximo --y en especial en la embargada Franja de Gaza-- las consecuencias políticas serían extraordinarias.

POLITIZACIÓN

"Ahora no es momento de que el TPI se meta en un embrollo. Las cuestiones que podrían derivar de este debate no haría sino dar más munición a los críticos que insisten en que se trata de una institución politizada", afirma en un artículo de opinión para el 'New York Times' el jurista sudafricano Richard Goldstone, precisamente el hombre encargado de investigar los presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel y Hamás en la Franja de Gaza durante la Operación Plomo Sólido.

Esta politización deriva del hecho de que el Tribunal se vería obligado a determinar las causas que han llevado a un Estado a perpetrar un presunto acto de agresión, más que los métodos llevados a cabo para realizarlo --que es un aspecto más objetivo--. Además, hay un caso específico que plantea serias dudas: qué sucedería si un país decidiera invadir a otro con el objetivo de proteger a la población del país invadido.

Goldstone, ex fiscal del Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia (TPIY), asegura que su trabajo "hubiera sido más difícil, quizás imposible, si la jurisdicción del TPIY tuviera potestad para juzgar el cargo de agresión" porque en ese caso tendría que haber "investigado y, en última instancia, perseguido la decisión de ir a la guerra, una decisión inherente y profundamente política".

Las opiniones a favor, sin embargo, consideran la acepción de este delito como un paso esencial para fortalecer la presencia internacional del TPI. Recuerdan que gran parte de los críticos simplemente piden el aplazamiento del debate, no su anulación, y estiman que la introducción de este cargo sería especialmente favorable "entre aquellos países que llevan las de perder en la jerarquía internacional de poder y que obtendrían beneficios de las protecciones legales añadidas", según cita ISI Security Watch.

JUSTICIA Y PAZ

Para Ban Ki Moon, la existencia del TPI significa "el fin de la antigua era de la impunidad" y es "la piedra de toque de un sistema cada vez más desarrollado de justicia global". Es una institución destinada a perseguir "la justicia y la paz" en el mundo, a pesar de que, en algunas ocasiones ambos objetivos se conviertan en términos opuestos.

El secretario general hizo referencia así al problema endémico que afecta al TPI: la posibilidad de que dificulte la evolución pacífica de un país que ha rechazado juzgar a sus criminales de guerra en favor de una rápida reconstrucción nacional (es el caso, por ejemplo de Liberia, donde presuntos responsables de crímenes contra la Humanidad ocupan actualmente escaños parlamentarios). En estos casos, el TPI puede ser visto como un elemento incluso contraproducente.

Sin embargo, para Ban la elección entre justicia y paz está clara: "no pueden existir la una sin la otra; nuestro objetivo es perseguir ambas", asevera. "Cualquier víctima, comprensiblemente, ansía poner fin a los horrores sufridos --violaciones, mutilaciones, asesinatos, destrucción de ciudades o pueblos--, pero esta es una tregua a punta de pistola, sin dignidad o esperanza".

"Ha pasado la hora de dejar de hablar de 'paz o justicia'. No puede existir la una sin la otra. En Kampala haré lo posible para luchar contra la impunidad en una nueva era de responsabilidad, porque los crímenes contra la Humanidad son crímenes contra todos nosotros. Nunca debemos olvidarlo", sentenció.