CIUDAD DE GUATEMALA, 12 Sep. (Notimérica) -
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se la tenía jurada desde hacía más de un año al ejecutivo de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), establecido en el país desde hace más de una década. Su guerra ha suscitado esta semana nuevas protestas nacionales e internacionales y mantiene en vilo a toda la sociedad.
Desde que el pasado año el mandatario guatemalteco declarara al comisionado de la CICIG Iván Velásquez persona non grata después de que el hijo y hermano del presidente fueran acusados de corrupción por el Ministerio Público, Morales quiso acabar con el organismo que trata de acabar con la impunidad en el país.
A este motivo se sumó que salieran a la luz indicios de presunta financiación ilegal de su campaña electoral en 2015, hecho por el cual el Tribunal Supremo de Justicia de Guatemala admitió a trámite el pasado 23 de agosto, después de un largo recorrido, las solicitudes de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para retirar la inmunidad.
Morales no ha cesado de pedir al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que sustituya a Velásques en el cargo por considerar que miembros de la CICIG de violar las leyes, emprender una persecución penal selectiva y sembrar el terror judicial.
La oposición guatemalteca considera que el presidente intenta salvarse de acusaciones como las que ya se han movido contra él en el último año, hecho con el que parecen estar de acuerdo desde la ONU, organismo que ha negado la petición considerada una decisión "unilateral". Pero Morales ante ello parece no estar dispuesto a dar su brazo a torcer bajo ningún concepto.
Así, el pasado martes, aprovechando que Velásquez se encontraba de viaje en Washington, el Gobierno de Morales decidió declarar al comisionado de la CICIG como una "amenaza para la seguridad y la estabilidad del país" centroamericano, prohibiendo su entrada en territorio guatemalteco y exigiendo, una vez más, que fuera sustituido en el cargo.
Nuevamente, la negativa por parte de Guterres --que ha pedido a Velásquez que continúe con las investigaciones desde el exterior-- ha impedido que el CICIG sea renovado a merced de los intereses del Ejecutivo de Morales, así como de otros grupos económicos y empresariales como el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala, la cual posee muchos integrantes señalados por causas como el soborno, la evasión o el financiamiento ilícito.
Al mismo tiempo, una parte del Congreso ha enfocado sus fuerzas a la reformulación de la ley de antejuicio, un derecho que protege a ciertos altos cargos estatales de que se les investigue a menos que se demuestre que hay indicios razonables de delito, describe 'The New York Times'. Pero antes de que las medidas lleguen al Congreso debe pasar por la Corte Suprema de Justicia, precisamente el filtro que algunos diputados y congresistas pretenden eliminar.
La tensión es tal que periodistas, políticos, diplomáticos y ciudadanos han temido estas últimas semanas que el Gobierno de Morales diera un autogolpe de Estado que acabara con el modelo republicano del país. La falta de posicionamiento real por parte de Estados Unidos, que después de que El Salvador cesara sus relaciones diplomáticas con Taiwan para firmar con China debe 'cuidar' de Guatemala y de sus intereses en el terreno, mantiene a los ciudadanos en vilo.