MANAGUA, 11 Jul. (Notimérica) -
La alta comisionada adjunta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, ha presentado un primer informe que actualiza la situación que vive el pueblo nicaragüense, sumido en una ola de violencia de derechos desde abril de 2018.
De acuerdo con el informe, que ha sido respaldado por la oposición al Gobierno de Daniel Ortega, la opresión política ha derivado en el exilio de 70.000 personas que se suma a más de 300 muertos, 2.000 heridos y más de 80 "presos políticos", denominación que utiliza la oposición para referirse a los manifestantes que fueron encarcelados.
Gilmore también ha reflejado en el documento las torturas realizadas por parte de las fuerzas de seguridad pública desde abril de 2018, cuando miles de jóvenes del país tomaron las calles contra el Gobierno de Ortega.
En esta línea, la también activista australiana ha utilizado el texto para reclamar la liberación de todos aquellos que "puedan estar arbitrariamente detenidos por participar en protestas o manifestar opiniones críticas del gobierno, incluidos los que están bajo medidas alternativas a la prisión".
El texto concluye con el anuncio de un encuentro entre el asesor presidencial para asuntos internacionales del Gobierno nicaragüense con el equipo de la oficina del alto comisionado de la ONU en Panamá el próximo 13 de julio.
Mientras que el Gobierno de Ortega ha negado los puntos de este último informe de la ONU, la comunidad internacional lo ha compartido y, en concreto, también lo ha hecho el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
"Una vez más el régimen miente, al afirmar que en Nicaragua se respeta la libertad de manifestación, pues desde septiembre de 2018 ha conculcado este derecho, a través del uso excesivo de la fuerza pública reprimiendo el derecho de la ciudadanía a manifestarse pacíficamente e instaurando un estado policial que persiste a la fecha", ha manifestado la organización opositora en nota de prensa.
Además, Cenidh ha reiterado la exigencia de "una investigación imparcial e inmediata de todas las denuncias de torturas, secuestros y graves violaciones a los derechos humanos que continúan ocurriendo a raíz de la brutal represión gubernamental iniciada en abril de 2018".