Former Argentine President Cristina Fernandez de Kirchner waves to supporters as
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   BUENOS AIRES, 12 Dic. (Notimérica) -

   La pasada semana el juez argentino Claudio Bonadio solicitaba al Senado de la Nación la retirada de los fueros a la expresidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner para, posteriormente, poder ejecutar sobre ella una orden de prisión preventiva en el marco de la investigación que la señala por su presunta complicidad en el caso de la AMIA.

   Los cargos que se atañen en este caso a las actividades de Fernández de Kirchner estarían detrás de la denuncia que el fiscal Alberto Nisman habría llevado a cabo frente al Congreso de no haber muerto, en extrañas circunstancias (investigadas en la actualidad), el 18 de enero de 2015.

   El fiscal Nisman pretendería señalar a la expresidenta por, presuntamente, haber encubierto a un grupo de ciudadanos iraníes buscados por la Iterpol acusados del ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en Buenos Aires, en el año 1994. Dichas labores, además, habrían estado amparadas bajo la labor de algunas figuras políticas de su gobierno y muy cercanas a su persona y a la de su esposo, Néstor Kirchner, algunas de las cuales están asimismo siendo investigadas y han sido detenidas.

   En cualquier caso, las acusaciones basadas en el caso de la AMIA que recaen sobre la expresidenta no son las únicas a las que se ha enfrentado a lo largo de su carrera política. Según indica el investigador latinoamericanista y escritor Carlos Malamud, en el año 2014 la entonces presidenta y su gabinete --entre ellos el vicepresidente Boudou y el ministro de Obras Públicas, Julio de Vido-- acumularían 745 denuncias.

   Entre todas ellas, un total de 298 recaerían sobre la expresidenta, asegura Malamud, quien indica que "si bien todas giraban en torno a la corrupción (defraudación, asociación ilícita, malversación, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento del deber de funcionario)", ninguna de ellas habría prosperado judicialmente.

   El investigador señala que la salida del poder de Kirchner ha facilitado que la Justicia argentina lleve a cabo investigaciones que involucren a su equipo de gobierno y a ella misma. Así, en este momento son seis las causas instruidas sobre la labor de la expresidenta: en tres de ellas (incluida la de la AMIA) Fernández de Kirchner ha sido procesada, en otra ha sido elevada a un juicio oral y las dos restantes se encuentran aun en proceso de investigación, indica Malamud.

   DÓLAR FUTURO

   Según el juez Claudio Bonadio, "entre los meses de septiembre y noviembre de 2015 se vendieron contratos de dólar futuro por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a valores inferiores al precio de mercado con conocimiento e intención", recoge 'TeleSur'.

   Esto significa que el Estado, gobernado por Cristina Fernández de Kirchner en ese momento, obligó a pagar a sus acreedores una suma indeterminada en pesos tomando como referencia el dólar de marzo de 2016, y no el valor de octubre de 2015, siendo este último el que correspondía.

   Así, los denunciantes de la causa consideran que se cometieron los hechos de fraude en perjuicio de la administración pública, indicando además el juez del caso que existía un caso de asociación ilícita. Junto con la expresidenta Fernández de Kirchner hay otros 14 procesados, entre ellos el exministro de Economía, Axel Kicillof, y algunos miembros del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores.

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   OBRA PÚBLICA

   La diputada nacional argentina Elisa Carrió llevó a cabo una denuncia en el año 2008 que, finalmente, llevaría al procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros de sus exministros, como el exministro de Planificación, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López, por una supuesta causa de asociación ilícita y defraudación al Estado.

   La causa incluye que la exmandataria y algunos de sus funcionarios formaron "parte de una asociación que habría funcionado entre 2004-2015" destinada a "cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz", recoge 'Clarín'.

   Así, se considera que la expresidenta habría favorecido al Grupo Austral con 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos, igual que se considera que las pruebas evidencian "como común denominador el beneficio de empresas vinculas a Lázaro Báez", generando "un perjuicio económico para el Estado Nacional".

   LOS SAUCES S.A.

   La inmobiliaria de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner --y antes por Néstor Kirchner-- es investigada por un presunto delito de lavado de dinero y asociación ilícita bajo las órdenes del juez Claudio Bonadio. Además, la sociedad es una de los lazos más fuertes que la expresidenta tenía con el empresario Lázaro Báez.

   Los Sauces, como se llama la empresa, presenta un domicilio fiscal en la cale Alcorta 76 de la ciudad Río Galleos, y como indica 'Clarín', en "dicha sede no se encuentra a la empresa ni tiene nada que ver con la misma, se trata de un domicilio ficticio", específica una denuncia de la diputada nacional por el GEN, Margarita Stolbizer.

   Con el paso del tiempo, Cristóbal López y Lázaro Báez se convirtieron en los únicos inquilinos de las propiedades de la empresa, garantizando ingresos millonarios a los Kirchner así como los necesario para garantizar las ganancias declaradas año tras años.

   HOTESUR S.A.

   De nuevo, la diputada nacional Margarita Stolbizer puso el punto de partida de la causa al solicitar que se investigara a la expresidenta por irregularidades en la inscripción de normas y publicación de las mismas en la Inspección General de Justicia (IGJ).

   Así, con esta causa se investiga la operatoria hotelera de la familia Kirchner con diversos empresarios, entre ellos Lázaro Báez y Cristóbal López, ya que se considera que ambos alquilaban habitaciones de los hoteles de la familia Kirchner pero sin ocuparlos.

   Por ello, se acusa a la expresidenta y al resto de procesados, entre ellos de nuevo el hijo de la pareja presidencial, Máximo Kirchner, de llevar a cabo mediante esta operativa un presunto acto de lavado de dinero procedente de los sobreprecios cobrados en obra pública.

   LA RUTA DEL DINERO K

   En el marco de la relación entre Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Antonio Báez --actualmente preso por esta causa--, la expresidenta debe declarar sobre la causa después de que el fiscal Guillermo Marijuan solicitara al juez Sebastián Casanello que llamara a indagatoria a Cristina, "no puede negar, bajo ningún punto de vista, los numerosos vínculos que demuestran su inexorable sociedad delictual con Lázaro Antonio Báez", sostuvo en su dictamen recogido por el diario 'Clarín'.

   El fiscal Marijuan considera que Cristina es "co-autora de lavado de dinero" debido a que tiene una responsabilidad "decisiva" en los actos gubernamentales para favorecer que el empresario ganara 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos. La expresidenta está imputada desde que el fiscal Marijuan la mencionara en la ampliación de su indagatoria.

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   Después de la muerte del fiscal Alberto Nisman las cosas se pusieron mucho más difíciles para Cristina Fernández de Kirchner. La senadora considera que su procesamiento por la causa de la AMIA "viola el estado de derecho y la democracia", siendo todo parte de "una cortina de humo que pretende intimidar, asustar a la población, a la dirigencia política, social y sindical", ha indicado Fernández de Kirchner.

   En las últimas horas, Dilma Rousse, Lula Da Silva y Evo Morales han respaldado la idea de la argentina de que existe una ofensiva en su contra, más después de hacerse con el cargo de senadora y de mostrarse, desde su retirada de la presidencia, muy crítica con Mauricio Macri, a quien considera como "el máximo* responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición".