MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), María Jesús Arsuaga, afirma que el Gobierno o las comunidades autónomas deberán arbitrar una solución si los ex presos cubanos trasladados a España 'se plantan' en su negativa a abandonar la Comunidad de Madrid.
En declaraciones a Europa Press, Arsuaga ha explicado que "los recursos son los que son" y en el caso de CEAR, están disponibles en Cullera (Valencia) y Málaga porque "las posibilidades de acogida en Madrid son muy pequeñas", pero "evidentemente" los disidentes cubanos "pueden negarse a ser trasladados".
"En este caso tiene que ser la Administración la que arbitre una solución porque para nosotros, improvisar otro recurso es materialmente imposible, ya que no es algo que se monte de repente, requiere recursos, equipos de personal especializado etcétera", señala Arsuaga.
Según ha señalado, no sería la primera vez que las administraciones públicas median para acoger solicitantes de protección internacional, pues en los años 90 CEAR gestionó la protección de 1.700 ciudadanos bosnios que huían del conflicto en los balcanes y que finalmente fueron acogidos directamente por las comunidades autónomas.
No obstante, Arsuaga recuerda que "la situación económica de entonces no es la de ahora" y pide que se tenga en cuenta que "hay cuatro millones de parados en España y más de un millón de familias que no tienen recursos", al margen de que los cubanos "no son los únicos refugiados" ya que CEAR tiene alojadas "entre 190 y 200 personas sólo en los centros de acogida".
"Dada la situación del país, yo no jugaría demasiado con los recursos cuando hay más de un millón de familias que no tienen recursos en España", señala Arsuaga, para quien las críticas de algunos disidentes al hostal de primera acogida en Madrid donde fueron trasladados a su llegada supone "quejarse por cosas nimias que muchos españoles tienen que aceptar".
Para Arsuaga, el hostal gestionado por Cruz Roja "es modesto pero es la situación a las que llegan todas las personas que piden asilo o refugio en España y reúne de sobra las condiciones mínimas, sobre todo para ellos, para poder agradecer la situación y estar con sus familias por primera vez en libertad".
En cuanto la situación que afrontan ya varias familias trasladadas a Cullera y Málaga y a la que se enfrentarán otras tantas según vayan siendo derivadas, la presidenta de CEAR asegura que los centros de acogida son temporales y que el objetivo es que en un plazo de "dos o tres meses" los ex presos y sus parientes puedan encontrar trabajo y ser ubicados en pisos.
Al término de este plazo, "evidentemente podrían volver a Madrid si tiene una posibilidad de tener un puesto de trabajo y una vivienda, pero lo que no pueden es irse sin garantías de que tengan estas necesidades básicas resueltas", añade Arsuaga.