Entre los sentenciados figuran tres exviceministros
MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -
Doce antiguos directivos y funcionarios del Ministerio de la Industria Básica de Cuba y de la empresa estatal Cubaniquel han sido condenados por un tribunal local a penas de hasta doce años de prisión por delitos de corrupción, informa este martes el diario oficial 'Granma'.
El Tribunal Provincial Popular de la provincia cubana de Holguín (este) señala en su sentencia que los doce condenados cometieron delitos asociados a la corrupción durante el proceso de negociación, contratación y ejecución del proyecto de expansión de la planta Pedro Soto Alba, ubicada en el municipio de Moa, para la extracción, refinación y comercialización de níquel y cobalto.
Las penas oscilan entre los cinco y los doce años de prisión. Entre los imputados figura Alfredo Rafael Zayas López, exviceministro de la Industria Básica durante el período 2004-2007 y director ejecutivo de la Empresa de Metales, quien ha sido condenado a doce años de cárcel por el delito de perjuicio de la actividad económica o de la contratación.
Por mismo delito, fue condenado a diez años de prisión Ricardo González Sánchez, exviceministro de la Industria Básica durante los períodos 2001-2004 y 2007-2010, director de la Junta de Directores de la Empresa de Metales y presidente del Comité de Dirección del Proyecto.
El también exviceministro de la Industria Básica (1980-1999) y miembro del comité de dirección del proyecto Antonio Orizón de los Reyes Bermúdez ha recibido una pena de ocho años de cárcel, mientras que el director de Negocios de Cubaniquel y consultor, asesor y experto del proyecto, Cristóbal Saavedra Montero, ha sido condenado a seis años.
Cuatro directores del proyecto de expansión de la planta Pedro Soto Alba y un subdirector de finanzas recibieron penas de entre seis y ocho años de cárcel por los delitos de uso indebido de recursos financieros y materiales y de incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas.
Otros dos subdirectores han sido condenados a penas de cinco y seis años de cárcel por el delito de uso indebido de recursos financieros y materiales, mientras que una especialista de seguridad y salud del trabajo recibió una sanción de cuatro años de privación de libertad sustituible por igual periodo de trabajo correccional sin internamiento.
El tribunal ha inhabilitado además a los imputados para ejercer sus profesiones durante un tiempo no determinado.
Los acusados podrán ahora presentar un recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular para apelar la sentencia, señala el rotativo oficial.