LA HABANA, 3 Nov. (Reuters/EP) -
El Gobierno de Cuba ha declarado este viernes que las nuevas sanciones planificadas por Estados Unidos son un intento vano por cambiar sus políticas y que las medidas sólo aislarían aún más a Washington a nivel internacional.
El asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, anunció el jueves que más de dos decenas de compañías cubanas asociadas con el Ejército o la inteligencia de la isla serían agregadas a una lista de más de 100 con las que los estadounidenses tienen prohibido hacer negocios.
El anuncio se hizo público una hora después de que 189 países miembros de Naciones Unidas apoyasen una resolución para poner fin al embargo económico de Estados Unidos contra Cuba. Washington intentó, sin éxito, enmendar el texto para presionar a La Habana en temas de derechos humanos.
La votación de la ONU puede tener peso político, pero solo el Congreso puede levantar el embargo de más de 50 años, que Cuba llama un bloqueo. Estados Unidos e Israel votaron contra la resolución.
Bolton esbozó los planes de Trump para endurecer su postura ante Cuba y sus aliados Venezuela y Nicaragua en Florida, el corazón de las comunidades de expatriados de los tres países, días antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos.
Las medidas "impactarán indudablemente en la economía y el desarrollo del país, que se agrega al efecto ya abrumador del bloqueo económico", ha afirmado el director general de Estados Unidos del Ministerio de Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío, en una conferencia de prensa en La Habana.
"Pero fracasarán en su objetivo fundamental. No serán capaces de doblegar la voluntad de los cubanos", ha añadido.
Trump ha adoptado una posición más severa sobre Cuba después de que el expresidente Barack Obama buscase dejar de lado décadas de hostilidades entre Washington y La Habana. El mandatario estadounidense ha dado marcha atrás a partes de la apertura del 2014 al endurecer las normas de viajes para los estadounidenses e impedir que las firmas estadounidenses tengan negocios en la isla.
Bolton destacó que el Gobierno revisará si permite que los ciudadanos estadounidenses cuya propiedad fue confiscada por el gobierno de Fidel Castro demanden a las compañías extranjeras que han invertido en las propiedades en Cuba.
La medida forma parte de la ley Helms-Burton, que convirtió en ley todas las sanciones de Estados Unidos contra Cuba en 1996. Varios presidentes han decidido no aplicarla desde entonces debido a la oposición de la comunidad internacional.