LA HABANA, 9 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Estados Unidos se quitó totalmente la "máscara" y consumó la "impunidad" al exonerar de todo cargo al anticastrista cubano Luis Posada Carriles, según denuncia hoy el diario 'Granma' al comentar el fallo en ese sentido de la juez federal de El Paso.
"Esa decisión ya estaba tomada desde hace mucho por la Casa Blanca", indica el órgano oficial del Partido Comunista en una extensa nota bajo el título "Libre el terrorista, se consuma la impunidad",
En este sentido, criticó que la Fiscalía estadounidense, en representación del Gobierno de George W. Bush, "jamás encausó a Posada Carriles por lo que es, sino que empleó artilugios legales para esconder la farsa judicial".
El próximo 11 de mayo Posada Carriles debía responder ante un tribunal pero sólo por fraude para emigrar a Estados Unidos. Sin embargo, fue liberado bajo fianza hasta que el lunes recibió luz verde para vivir como un ciudadano común en ese país.
En 1985, Posada Carriles se fugó de una cárcel venezolana tras el pago de unos 50.000 dólares, cuando era procesado por organizar el sabotaje de un avión civil de Cubana de Aviación en 1976 que costó la vida a todos sus ocupantes.
De acuerdo con Granma, "para la administración norteamericana el hecho de juzgar a éste asesino era como juzgarse a sí misma, ya que él hizo el trabajo sucio de la CIA para intentar derrocar a la Revolución cubana".
El periódico cita varias fuentes, según las cuales está pendiente aún la solicitud de Venezuela, hecha en 2005, así como la posibilidad de que un jurado de Nueva Jersey lo enjuicie por su participación en atentados terroristas contra hoteles habaneros en 1997.
Es más, Granma recuerda la posición asumida frente a este caso por importantes políticos en Estados Unidos, como el representante demócrata por Massachussets, William Delahunt, quien denunció la impunidad de liberar al terrorista.
Delahunt envió una carta al fiscal general norteamericano, Alberto Gonzáles, quejándose de que la excarcelación del señor Posada pone en tela de juicio la determinación del Gobierno de luchar contra el flagelo del terrorismo.