MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
Varios intelectuales y destacados disidentes del régimen cubano han denunciado este jueves en un acto celebrado en Madrid la represión que sufren las asociaciones civiles en Cuba, que no son reconocidas de forma oficial por el Gobierno y son sometidas a enormes presiones y abusos a la hora de realizar su actividad.
Por este motivo, han presentado en el Instituto Atlántico de Gobierno un registro alternativo para las asociaciones civiles cubanas, que tiene como objetivo dar visibilidad a este problema y homologar su actividad a nivel internacional.
"Este servicio lo que intenta es que las asociaciones de la sociedad civil en Cuba, que han sido durante años vilipendiadas por el Gobierno, tengan un lugar donde registrarse", ha explicado Alejandro Gónzalez Raga, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
"La intención es conseguir homologar las asociaciones actuales cubanas a nivel internacional. Sabemos que este proceso no dará legalidad a las asociaciones que se inscriban en este registro, pero sí les dará una cierta legitimidad", ha apuntado.
La legislación cubana establece que cualquier asociación civil debe realizar una actividad que sea afín al Gobierno, por lo que cientos de grupos civiles en Cuba continúan sin ser reconocidos por las autoridades.
"Esta normativa regula la relación que mantienen los ciudadanos que decidan asociarse con el Gobierno cubano. Obliga a las asociaciones a explicar en qué se basan sus actividades con todo detalle", ha explicado Calixto Gammalane, ex juez del Tribunal Supremo de Cuba y vicepresidente de la Asociación Jurídica Cubana (AJC).
"Se inmiscuye totalmente en el desarrollo de su trabajo", ha señalado. "El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y el Registro de Asociaciones, es discriminatorio. En Cuba sí hay asociaciones, cerca de 2.000. Pero todas tienen que responder obligatoriamente a las cuestiones que el Estado considera afines", ha contado.
Gammalane, que hasta 2005 trabajó como magistrado en el Supremo cubano, también ha señalado que no son sólo las asociaciones jurídicas y civiles las que sufren el acoso de las autoridades. "En Cuba no hay independencia judicial, hay un sólo poder", ha asegurado. "Muchos jueces lo saben y querrían cambiar las cosas", ha señalado.
Según ha narrado, muchos jueces en Cuba ven cómo sus sentencias son cuestionadas por el Gobierno. "Fueron este tipo de cosas las que me hicieron perder el interés en nuestro sistema judicial", ha añadido.
"DESCONOCIMIENTO JURÍDICO DE LA POBLACIÓN"
Wilfredo Vallín, presidente de la Asociación Jurídica Cubana, ha explicado todas las trabas que le impuso el régimen cubano para poder registrarse. "Era evidente que existía un grave desconocimiento jurídico por parte de los ciudadanos que tenía que solucionarse", ha apuntado.
La AJC es una de las asociaciones jurídicas más importantes de Cuba. Sus representantes han acudido a la presentación del registro alternativo este jueves para apoyar la incitativa y han sido los primeros inscritos, en un intento simbólico de denunciar las continua represión del régimen cubano.
Según ha explicado, la idea detrás de la AJC, que al principio estaba formada por cuatro miembros, era proporcionar asistencia jurídica gratuita a los cientos de cubanos que sufren violaciones por parte del Gobierno o simplemente necesitan ayuda para solucionar conflictos legales.
"Yo lo que tenía claro es que teníamos que registrarnos en el Registro de Asociaciones Cubanas. Ya ahí empezó nuestro primer problema. Esperamos un tiempo prudencial, el establecido por la ley, para recibir una respuesta por parte del registro". Dicha respuesta no llegó. Tras meses de espera, los responsables de la AJC decidieron acudir a la ministra de Justicia del Gobierno cubano, por aquel entonces, María Esther Reus.
"María Esther Reus no dijo nada. Acudimos de nuevo por segunda vez. María Esther Reus, una vez más, guardó silencio", ha apuntado Vallín. Fue entonces cuando decidieron interponer una demanda contra la propia ministra por no responder dentro del período establecido.
El Ministerio aceptó la demanda después de meses, y tras un proceso judicial de más de dos años, el Tribunal Supremo de Cuba denegó su petición de registro. "Nos dijeron que doblábamos las funciones del Bufete Colectivo", ha contado Vallín. "El Bufete Colectivo cobra y nosotros ofrecíamos un servicio gratuito", ha añadido.
A pesar de las trabas judiciales, el AJC no dejó de crecer a medida que iban pasando los años y continuó con su actividad. "Nosotros sabemos que nos han mandado gente, con ánimo de pagarnos, pero nunca hemos aceptado. Nunca han podido cogernos violando la ley", ha apuntado el presidente de la AJC. "Nos hemos convertido en una organización no autorizada, pero un poco tolerada", ha concluido.
"Cuando supimos de este registro, decidimos participar de forma inmediata, ya que así la gente conocerá aún más el trabajo de la AJC. Nos ampliará el diapasón para ayudar a más cubanos", ha añadido.