MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
La organización Cuban Prisoners Defenders ha presentado una denuncia ante el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias de Naciones Unidas por la detención a principios de octubre del opositor cubano José Daniel Ferrer.
La organización, que ha publicado la denuncia en su cuenta en la red social Twitter, ha indicado que Ferrer estuvo "en paradero desconocido" entre el 1 y el 4 de octubre, cuando su esposa le localizó en la Unidad Provincial de Instrucción Penal, en Santiago de Cuba.
"Esa fue la última vez que se supo algo de él o se tuvo cualquier tipo de comunicación con él", ha indicado, antes de agregar que su esposa, Nelva Ismarays Ortega Tamayo, ha intentado sin éxito encontrarle en otras dependencias policiales.
Por otra parte, Cuban Prisoners Defenders ha denunciado que la esposa de Daniel Ferrer ha sido detenida durante la jornada. "Su esposa tenía en sus brazos al bebé de cuatro meses cuando fue detenida", ha apuntado.
Así, ha compartido un vídeo en el que se ve a la esposa de Ferrer junto a sus hijos reclamando la liberación de los opositores detenidos en el país antes de la llegada de varios agentes, que se los llevan de la plaza en la que estaban.
Ferrer fue detenido el 1 de octubre junto a otras cuatro personas --Fernando González, José Pupo, Ibeisi Chacón y Sandy Ramírez-- en el marco de un registro en su vivienda, que sirve de sede de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Santiago de Cuba.
Tras la detención de Ferrer, los agentes realizaron un registro en el que se incautaron de una impresora, memorias USB, teléfonos móviles y documentos de la UNPACU, además de muebles, utensilios de cocina y alimentos.
Ferrer es uno de los rostros más conocidos de la oposición cubana. Fue detenido durante la llamada Primavera Negra de 2003 por participar en el Proyecto Varela, ideado por Oswaldo Payá para conseguir por la vía de la iniciativa popular cambios legales que propiciaran una apertura política en Cuba, y condenado a 25 años de prisión.
El jefe de la UNPACU fue el último de los 75 detenidos en esa época en ser liberado. La mayoría aceptaron abandonar Cuba, hacia Estados Unidos o Europa, a cambio de su excarcelación, gracias a la mediación de la Iglesia Católica y del Gobierno español. Doce, incluido Ferrer, se negaron a aceptar lo que consideraban un exilio forzado, por lo que su salida de prisión llegó más tarde, en su caso en 2011.