MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
La organización Amnistía Internacional ha instado este jueves a los gobiernos de América Latina y el Caribe a "vencer a la COVID-19" a través del cumplimiento de 10 imperativos, entres los que destaca garantizar la transparencia del proceso de vacunación y priorizar a los grupos de alto riesgo en la inmunización.
Un informe presentado por la ONG analiza las estrategias de vacunación de 17 países de América Latina y el Caribe para proponer 10 recomendaciones básicas dirigidas a gobiernos y empresas.
Entre ellas, y en el contexto de panorama electoral previsto en varios puntos de la región --se celebran elecciones en 10 países--, el informe advierte que las presiones políticas y la corrupción podrían afectar el acceso a las vacunas y el derecho universal a la salud.
Asimismo, insta a los gobiernos a llevar a cabo consultas a la hora de diseñar sus programas de vacunación y a garantizar que ni los grupos de riesgo --como el personal sanitario y las personas de edad avanzada-- ni los grupos discriminados y marginalizados se quedan atrás en la inoculación.
Siguiendo esta línea, piden a las autoridades que garanticen el acceso a la información y la transparencia, ya que son "fundamentales" para un programa de vacunación adecuado. Amnistía Internacional también acusa a las farmacéuticas de haber socavado la transparencia de las negociaciones con los países de la región, con posibles repercusiones en el acceso universal a las vacunas.
El informe también lamenta que muy pocos países han consultado con personas expertas, comunidades y sociedad civil el diseño de las estrategias de inmunización, mientras que algunos no han tenido en cuenta a las poblaciones de riesgo. Por el momento, solo 13 países de la región han hecho públicos sus programas nacionales de vacunación.
Amnistía Internacional ha recibido informes de México, Perú y Brasil en los que se pone de manifiesto que se está vacunando a personal hospitalario administrativo o directivo antes que a trabajadores y trabajadoras en primera línea que tratan directamente con pacientes de COVID-19. A la vez, la organización lamenta la escasez de personal médico que tienen una gran parte de las naciones de la región.
Respecto a las poblaciones indígenas, el informe refleja que ni Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México ni República Dominicana mencionan protocolos específicos para incluirlos entre los grupos prioritarios, mientras que otros tantos países han obstaculizado el acceso a inoculaciones a migrantes o refugiados.
Por último, la organización urge a que los estados garanticen que las vacunas serán gratuitas para toda la población, ya que solo nueve de los 17 incluidos en el informe lo han confirmado formalmente en sus programas oficiales.
"El comienzo de la vacunación contra la COVID-19 ha generado esperanza en una región que ya atravesaba múltiples crisis de Derechos Humanos, muchas de ellas agravadas por la pandemia", por lo que "los gobiernos deben aprovechar la oportunidad de la vacunación para reducir las desigualdades, no para aumentarlas", ha alertado la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas.