MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado la falta de acceso a las vacunas en prisiones de Australia y ha urgido a abordar la situación especialmente en las cárceles del estado de Nueva Gales del Sur, donde la variante delta de la COVID-19 se ha extendido.
La organización ha precisado, en un comunicado, que, según datos de las autoridades australianas, hasta el 27 de agosto solo el 21 por ciento de los prisioneros del estado estaban completamente vacunados, mientras el 42 por ciento había recibido al menos una dosis.
"El Gobierno de Nueva Gales del Sur no ha logrado evitar que las tasas de vacunación de los prisioneros estén muy por detrás de la población en general, aunque los prisioneros tienen un riesgo mucho mayor de contraer la COVID-19", ha lamentado la investigadora de HRW en Australia, Sophie McNeill, ya que las tasas de vacunación de la población general de la región ascienden al 35 por ciento de esquemas completos y al 65 por ciento de primeras dosis.
McNeill ha subrayado así que las autoridades de Australia deberían "haber aprendido" las "lecciones" de otros países donde el coronavirus se han extendido por las cárceles "con resultados devastadores", en gran parte por "la proximidad, la mala ventilación, una salud inadecuada y la incapacidad para cumplir el distanciamiento social".
La ONG ha asegurado, además, haber conversado con trece familias de actuales presos en cárceles de Nueva Gales del Sur, las cuales han criticado que sus familiares aún no han sido inoculados o solo han recibido una dosis pese a que habían demandado "repetidamente" la inmunización.
La pareja de uno de los presos ha relatado que este presentaba asma y que a pesar de ello no fue vacunado porque "nunca se lo ofrecieron", mientras otros han afirmado que no han podido acceder al biológico pese a reiteradas solicitudes.
En este contexto, la organización ha apuntado a que las bajas tasas de vacunación de los presos en Nueva Gales del Sur en comparación con la población en general son de "particular preocupación", sobre todo "considerando que uno de cada cuatro es aborigen o isleño del Estrecho de Torres".
"Los australianos indígenas tienen un mayor riesgo de complicaciones por COVID-19 debido a las altas tasas de afecciones de salud subyacentes y enfermedades crónicas, y la desigualdad sistémica, el racismo y la discriminación en la obtención de atención médica en Australia", ha advertido la ONG.
El Gobierno federal designó a los adultos aborígenes como un grupo prioritario para las vacunas en enero, ha recordado HRW, para lamentar que igualmente las tasas de vacunación para las comunidades indígenas "están por detrás" de la tasa de la población total en todos los estados y territorios de Australia, excepto en Victoria.
"Como mínimo, los presos deben tener el mismo acceso a las vacunas que el resto de la población. Todos los estados y territorios de Australia deben abordar la necesidad de una mayor transparencia publicando actualizaciones semanales sobre las tasas de vacunación de los prisioneros", ha insistido la investigadora de HRW en el país.
Según la ONG, algunos estados y territorios australianos se han asegurado de que los presos tengan un acceso "adecuado" a las vacunas.
Por ejemplo, el Departamento de Salud del Territorio de la Capital Australiana ha trasladado que, según sus datos más recientes, el 55 por ciento de los presos había recibido ambas dosis, el 61 por ciento tenía al menos una dosis y a todos se les había brindado la oportunidad de recibir una vacuna. Asimismo, el Servicio Correctivo de Australia Occidental ha asegurado que el 50 por ciento de los prisioneros en su estado había recibido ambas dosis y el 66 por ciento había recibido al menos una.