Publicado 18/01/2021 15:24CET

Cvirus.- HRW denuncia que la incineración forzada de los fallecidos por COVID-19 en Sri Lanka discrimina a musulmanes

12 October 2020, Sri Lanka, Colombo: Sri Lankan health officials take swabs from people for coronavirus (COVID-19) tests at Fort railway station. Photo: Pradeep Dambarage/ZUMA Wire/dpa
12 October 2020, Sri Lanka, Colombo: Sri Lankan health officials take swabs from people for coronavirus (COVID-19) tests at Fort railway station. Photo: Pradeep Dambarage/ZUMA Wire/dpa - Pradeep Dambarage/ZUMA Wire/dpa - Archivo

Varias familias aseguran que se ha cremado a sus familiares sin permiso y otros dejan los cuerpos en depósitos para evitar la medida

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha recordado este lunes que la orden de Sri Lanka de incinerar a todos los fallecidos por COVID-19 va en contra de la salud pública y discrimina a la comunidad musulmana.

"Para las familias en duelo por la pérdida de un familiar, esta obligación contraria a sus creencias supone un ataque atroz y ofensivo a los derechos religiosos y a la dignidad básica", ha apuntado el director de la organización en el sur de Asia, Meenakshi Ganguly, sobre esta medida que, como ha recordado HRW, ha supuesto la cremación, en contra de los deseos de su familia, de un bebé de 20 días y una mujer que después se reconoció que no padecían la enfermedad.

En este sentido, la organización ha criticado que el Gobierno del país no haya modificado este requisito, impuesto desde finales de marzo de 2020, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya asegurado que los entierros son seguros y la creciente oposición de la ONU, profesionales sanitarios y líderes religiosos. Las autoridades de Sri Lanka lo impusieron apuntando que el entierro de afectados por coronavirus podría "contaminar el agua subterránea".

Ante la situación, varias familias musulmanas han optado por dejar los cuerpos de sus seres queridos fallecidos por COVID-19 en los depósitos de cadáveres para no permitir la incineración; sin embargo, algunos ciudadanos han asegurado que la cremación de sus familiares se ha producido sin su conocimiento.

Además de verse discriminados por esta medida, la población musulmana se enfrenta a "discursos de odio" que, según la organización, el Gobierno de Sri Lanka no se ha esforzado en combatir, como falsos rumores sobre que la comunidad "propagó el virus deliberadamente", que se han compartido por partidarios del Ejecutivo.

Así, la oposición a esta política ha crecido en las últimas semanas y, como ha reiterado HRW, son numerosas las organizaciones de profesionales sanitarios que han sentenciado que "no hay evidencia sólida" que sustente la medida.

Asimismo, desde que se impuso la incineración obligatoria de fallecidos por COVID-19 varias organizaciones pro Derechos Humanos y líderes religiosos han registrado varias peticiones para la retirada del reglamento, incluso ante el Tribunal Supremo, que desestimó las demandas.

RAJAPAKSA

El presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, aseguró en un discurso en noviembre de 2020 que existían "temores legítimos" de que la raza, la religión, los recursos nacionales y el patrimonio del país "se vean amenazados con la destrucción ante varios y fuerzas e ideologías extranjeras que apoyan el separatismo, el extremismo y el terrorismo", ha recordado HRW en el comunicado.

Igualmente, ha rememorado que en diciembre, el ministro de Exteriores de Las Maldivas, Abdulla Shahid, anunció en su perfil de Twitter que Rajapaksa había solicitado al Gobierno de su país, de mayoría musulmana, que permitiese el entierro de los musulmanes ceilandeses en su territorio.

"El Gobierno ha adoptado ya varias políticas y prácticas que tienen un impacto discriminatorio en las minorías musulmana y tamil", ha incidido la organización, que ha recordado también que en la guerra civil del país, que terminó en 2009 tras 26 años, el primer ministro, como secretario de defensa durante el gobierno de su hermano Mahinda Rajapaksa, estuvo implicado en crímenes de guerra y abusos de Derechos Humanos contra civiles tamiles.