Publicado 03/03/2020 14:30

DDHH.- AI denuncia una campaña de ataques, difamación y acoso policial en Europa contra quienes ayudan a migrantes

DDHH.- AI denuncia una campaña de ataques, difamación y acoso policial en Europa
DDHH.- AI denuncia una campaña de ataques, difamación y acoso policial en Europa - AMNISTÍA INTERNACIONAL

Pide el fin de la "criminalización" de los activistas y las organizaciones dedicadas a ayudar a los desplazados

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional ha denunciado este martes que en Europa se está registrando una campaña de "ataques, hostigamientos, difamación, acoso policial" y persecución legal contra las personas y organizaciones que ayudan a los miembros de este colectivo.

"Individuos y organizaciones que ayudan a personas refugiadas y migrantes han sufrido ataques, hostigamiento, campañas de difamación, acoso policial y se han abierto decenas de procesos e investigaciones judiciales", ha explicado la responsable sobre migración de la oficina regional europea de Amnistía Internacional, María Serrano.

En la rueda de prensa de presentación del informe 'Castigando la solidaridad en Europa', en la sede la ONG en Madrid, Serrano ha advertido de que se están utilizando "leyes penales y administrativas y leyes antiterroristas" de manera "indebida y abusiva" para perseguir a individuos y a organizaciones para "silenciarlas y para intentar restringir y acabar con la solidaridad".

"Los estados europeos y los gobiernos han creado un entorno hostil para aquellos que ayudan", ha subrayado, antes de preguntarse por qué se tratan como si fuera "una amenaza al orden público" los actos de ayuda y solidaridad con los migrantes.

"Simplemente porque los actos de las personas y las organizaciones han expuesto la crueldad de las políticas europeas sobre migración. Porque aquellos que han intentado aliviar los efectos devastadores, la miseria de las políticas de contención, de la subcontratación de la migración a terceros países se ha convertido en objetivo", ha argumentado.

La responsable de la oficina europea de Amnistía Internacional ha denunciado un "patrón de criminalización", en el que las autoridades de países de Europa reaccionan a la labor de las organizaciones humanitarias con "el abuso y el uso indebido de leyes contra la inmigración irregular, de leyes de seguridad y con campañas de intimidación".

"Las consecuencias las conocemos son consecuencias personales que implican un alto coste para las personas, también para las organizaciones y, sobre todo, para las personas migrantes y refugiadas que son abandonadas en condiciones de miseria y vulnerabilidad", ha indicado.

Esta campaña de acoso y criminalización de los cooperantes y activistas que ayudan a refugiados y migrantes en Europa lleva en marcha desde hace varios años, según ha contado Serrano, que ha mencionado un estudio que pone de manifiesto que se han abierto 158 investigaciones o procesos penales contra personas y contra al menos 16 organizaciones "por facilitar la ayuda a la entrada o la estancia irregular" en Europa.

"Amnistía Internacional ha documentado que al menos desde 2017 se han abierto trece procedimientos e investigaciones penales contra organizaciones de rescate en Sicilia", ha explicado, en relación a la persecución penal de las ONG que rescatan con sus barcos a migrantes y refugiados en el mar Mediterráneo.

LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS, "CÓMPLICES DE TORTURA Y DETENCIÓN" EN LIBIA

En relación a España, la responsable de la oficina europea de Amnistía Internacional ha denunciado "el fracaso" de las autoridades españolas y europeas al haber "abandonado" las misiones de rescate en el Mediterráneo central y ha censurado que hayan dado su apoyo a la Guardia Costera libia para "interceptar" a los migrantes y refugiados y devolverlos "al infierno de Libia". "Esto las hace cómplices de las violaciones de Derechos Humanos, incluyendo cómplices de tortura y detención", ha asegurado.

En este sentido, ha denunciado las multas y trabas legales que España impone a las organizaciones no gubernamentales que están rescatando a refugiados y migrantes en el mar Mediterráneo y ha recordado que la ley del mar ampara las labores de salvamento de personas en embarcaciones en peligro.

Por último, ha reclamado a los países europeos que abandonen las campañas de acoso, ataque y hostigamiento contra las personas que ayudan a los migrantes y ha recalcado que su labor está plenamente amparada por el derecho internacional y humanitario.

Por su parte, la jefa de misión a bordo del buque de salvamento de Open Arms, Anabel Montes, que ha sido procesada en Italia por el rescate de más de un centenar de migrantes en aguas próximas a las costas de Libia, ha denunciado que desde 2015 ha aumentado la "criminalización" y las "campañas de difamación" contra los activistas y las organizaciones de ayuda a migrantes.

AMENAZAS DE MUERTE POR LOS RESCATES EN EL MEDITERRÁNEO

En concreto, ha asegurado que ella misma ha sido procesada legalmente por el rescate de migrantes y, además, ha padecido "hostigamiento", "insultos" y "amenazas de muerte", especialmente en el ámbito de las redes sociales por hacer un trabajo que, en definitiva, supone salvar vidas y está amparado por la carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Montes ha denunciado que los intentos de poner "muros de papel mojado en medio del mar solo sirven para que se mueran personas" y ha dejado claro que las personas y organizaciones que ayudan a los migrantes y refugiados "van a seguir" haciendo su labor.

Ante la pregunta de si las autoridades italianas están amparándose en la alarma por el coronavirus para mantener bloqueados en sus puertos los barcos de rescate de las ONG, la jefa de misión de Open Arms ha dicho que sí que están "utilizando" esta alarma sanitaria para intentar retrasar durante al menos dos semanas la salida de estos buques.

Montes ha asegurado que la Organización Marítima Internacional (OMI) ya se ha pronunciado a favor de las ONG, dejando claro que las autoridades italianas no pueden bloquear por el riesgo de coronavirus solo a los barcos de rescate.

Martine Landry, una activista de 74 años juzgada por ayudar a dos migrantes expulsados de Francia a Italia y que trabaja como observadora internacional en la frontera entre ambos países, ha denunciado las actuaciones irregulares de las autoridades y las fuerzas de seguridad galas, con devoluciones en caliente y con una constante vigilancia y persecución de los migrantes.

Landry ha contado que ella empezó a trabajar como observadora en la frontera entre Francia e Italia cuando las autoridades galas comenzaron a realizar "expulsiones ilegales" de migrantes a territorio italiano tras los atentados de noviembre de 2015 en París.

En todo este tiempo, ha estado ayudando a los desplazados y supervisando la actuación de las autoridades y las fuerzas de seguridad, intentando recabar "pruebas" de actuaciones ilegales. Actualmente ya hay cinco organizaciones no gubernamentales desplegadas en la zona fronteriza para evitar abusos e irregularidades en el trato a los migrantes y refugiados.

Sobre los procesos judiciales abiertos en Francia contra personas que ayudan a los desplazados, ha dicho que recientemente un tribunal de apelación reconoció el "principio de fraternidad", es decir, el derecho a prestar ayuda, y ha confiado en que ese reconocimiento beneficie a las personas que están pendientes de juicio por ayudar a los migrantes.