MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional ha solicitado la liberación "inmediata e incondicional" de todos los presos de conciencia --la ONG tiene registrados a unos 150--, como una forma de protegerlos de la posible expansión del coronavirus en las cárceles.
El director adjunto de Campañas de Amnistía Internacional, Sauro Scarpelli, ha advertido de que, a medida que avanza la pandemia, "las prisiones corren el riesgo de convertirse en lugares peligrosos donde contraer la COVID-19", por lo que ha abogado por "poner en libertad a todas las que están recluidas simplemente por ejercer de forma pacífica sus derechos".
Estas personas, ha añadido, "no han cometido ningún delito", pero permanecen recluidas de forma "injustificada en condiciones "cada vez más peligrosas". "El hacinamiento y la falta de saneamiento en muchas prisiones del mundo hacen que a las personas detenidas les resulte imposible tomar medidas de prevención frente a la enfermedad, tales como la distancia física y el lavado frecuente de manos", ha señalado Scarpelli en un comunicado.
En este sentido, ha subrayado que esta detención "es cruel y sumamente irresponsable", en un momento en el que los Derechos Humanos deberían estar "en el núcleo de la respuesta" frente a la pandemia y como guía de acción para "el mundo posterior", donde todas la personas "puedan expresar de forma libre e individual sus opiniones".
PODRÍA HABER MILES
Amnistía Internacional maneja una lista de presos de conciencia con 150 nombres, aunque ve "probable" que haya miles. Entre ellos figura el sindicalista venezolano Rubén González, detenido en noviembre de 2018 tras protestar en favor de los empleados de una minera propiedad del estado y que cumple cinco años y nueve meses de condena por atacar a un militar.
Fue condenado en un tribunal militar sin un juicio justo, según la ONG, que cree que tanto su arresto como el proceso judicial posterior "se debieron claramente a motivos políticos. González está en una situación especialmente vulnerable frente al coronavirus porque padece problemas renales e hipertensión.
Amnistía Internacional también sigue el caso de la abogada iraní Nasrin Sotoudeh, condenada a 38 años y medio de cárcel y 148 latigazos en dos juicios "manifiestamente injustos. La ONG considera que los cargos, desde incitar a la corrupción y la prostitución hasta cometer un acto pecaminoso por no llevar hiyab, se deben a su activismo contra el uso obligatorio del velo y la pena de muerte.
Otro caso es el de Emir-Usein Kuku, un tártaro de la península de Crimea que investigó y denunció violaciones de Derechos Humanos cometidas durante la actual ocupación rusa. Lleva en prisión desde febrero de 2016 y, en noviembre de 2019, una corte castrense le declaró a él y a otros cinco acusados culpables de "cargos falsos relacionados con el terrorismo", en un "juicio injusto" que derivó en penas de entre siete y 19 años de cárcel, según Amnistía.