MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
La pandemia de COVID-19 "restringe" los derechos de los niños y "exacerba" su vulnerabilidad ante "graves violaciones" en situaciones de conflicto armado, según ha avisado este miércoles la representante especial de Naciones Unidas para Niños y Conflictos Armados, Virginia Gamba.
En su informe anual al Consejo de Derechos Humanos, que abarca desde diciembre de 2019 a diciembre de 2020, Gamba ha subrayado que, mientras los niños continúan sufriendo las consecuencias de guerras "atroces", la respuesta a la pandemia a menudo ha tenido un impacto "adverso" y "no deseado" en el acceso de los niños a sus derechos a la educación, la salud, la justicia, los servicios sociales y la ayuda humanitaria.
Por otro lado, el cierre de escuelas ha hecho que los niños sean "incluso más vulnerables" a otras "violaciones graves", y ha mencionado el reclutamiento de menores en conflictos. "Los niños en campamentos para desplazados internos y los privados de libertad han estado particularmente expuestos a mayores riesgos", ha lamentado Gamba.
"Estoy profundamente preocupada por el impacto adverso de la pandemia de la COVID-19 en niños afectados por conflictos armados", ha hecho hincapié, al tiempo que ha urgido a los Estados miembro a tener en cuenta los derechos de los niños al diseñar y hacer cumplir las medidas para contener la propagación de la enfermedad y a garantizar que los servicios de protección infantil continúen a pesar de la pandemia.
En este sentido, también ha recalcado la importancia de que las partes involucradas en conflictos respeten los centros educativos, la infraestructura sanitaria y al personal de protección. "El uso militar de colegios nunca puede ser justificado, incluyendo cuando los edificios están temporalmente cerrados por confinamientos", ha aseverado, remarcando que esto tiene que aplicarse "particularmente en los países con sistemas educativos frágiles".
VIOLACIONES "PREVENIBLES"
El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados (OPAC) ha cumplido 20 años en 2020. Sin embargo, el informe de Gamba ha destacado que, a pesar de estar "desproporcionadamente" afectados por los conflictos, los menores "aún se sitúan en los márgenes de los procesos de justicia transicional".
Su inclusión y participación en todos los aspectos de la justicia transicional es "crítica" para "romper los círculos intergeneracionales de violencia y prevenir violaciones futuras", ha dicho Gamba.
"Las graves violaciones de los derechos de los niños no son inevitables por la guerra: son prevenibles", ha agregado, antes de pedir a los Estados miembro --que no lo hayan hecho-- que se conviertan en parte del OPAC y promulguen leyes y políticas que "prohíban y criminalicen el reclutamiento y uso de niños por parte de grupos armados".
En este contexto, también ha urgido a las partes de conflictos a que respalden el llamamiento del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para un alto el fuego global. Tal y como ha sostenido, en contextos de hostilidad agravados por la pandemia, "procesos como un alto el fuego, negociaciones pacíficas y reformas del sector de la seguridad son oportunidades para proteger a los niños".
PROGRESOS EN MEDIO DE LOS RETOS
A pesar del contexto, también se han llevado a cabo "notables progresos" para prevenir las graves violaciones contra los niños en situaciones de conflictos armados.
Gamba se ha referido, entre otros, a República Centroafricana, donde en junio de 2020 se promulgó el Código de Protección de los Niños, que criminaliza la mayoría de las violaciones que pueden sufrir los menores, como su reclutamiento y uso en conflictos. De forma paralela, consagra el concepto de que los niños vinculados con fuerzas y grupos armados deben ser considerados víctimas "ante todo".