MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
La defensa del exdirigente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) Marco Antonio Pumari, actualmente en prisión preventiva, ha convocado una marcha, entre otros encuentros, para mostrar su rechazo contra la "persecución política" en Bolivia para este martes.
Además de las acciones planteadas por el Comcipo, cívicos y plataformas ciudadanas se reunirán el martes en una cumbre nacional para definir acciones contra la "persecución política". El Comité de Defensa de la Democracia (Conade) también ha convocado un cabildo --una reunión de ciudadanos masiva-- para este viernes.
La actual dirigente del comité cívico de Potosí, Roxana Graz, ha informado de que la marcha del martes tendrá al menos puntos de concentración y ha hecho hincapié en que en el seno de la organización están muy "renegados".
"Existe vulneración de derechos, es una cacería de brujas al estilo dictador, sin causa justificable lo envían a la cárcel", ha agregado, según ha recogido el diario boliviano 'Los Tiempos'. Graz se ha hecho cargo de la dirigencia del Comcipo después de que su presidente, Juan Carlos Manuel, se declarara en la "clandestinidad" ante la posibilidad de ser él también detenido, como Pumari.
El exdirigente cívico ha hecho un llamamiento a los bolivianos para que no "agachen la cabeza" y continúen combatiendo la "dura dictadura" que, según él, "gobierna el país".
La Justicia de Bolivia decretó este sábado prisión preventiva durante seis meses para Pumari después de que la Fiscalía le imputase cinco delitos dentro del caso abierto por la violencia y la quema de instalaciones electorales en Potosí en 2019 en una serie de protestas que acabaron con la dimisión de Evo Morales.
Pumari es uno de los líderes de las protestas de noviembre del año 2019 que culminaron con la dimisión de Morales. El 'excívico' está denunciado por la presunta comisión de los delitos de terrorismo y sedición por su rol en las manifestaciones tras las elecciones.
La tensión entre el oficialismo y la oposición es máxima en Bolivia, especialmente en los departamentos de Potosí y Santa Cruz. Ambos concentraron la mayoría de las últimas protestas antigubernamentales, que se oponían a una ley contra el blanqueo de capitales que finalmente fue derogada.