MADRID, 15 May. (EP/Notimérica) -
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha culpado a "la mentira imperial" de la denuncia presentada en el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra él, su predecesor inmediato, Raúl Castro, y otros cuatro altos cargos por los crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido en las llamadas misiones internacionales.
"Nuevamente, la mentira imperial intenta desprestigiar a los programas cubanos de colaboración de salud con otros países, calificándolos como una práctica de 'esclavitud moderna' y de 'trata de personas'", ha dicho este miércoles en Twitter.
Díaz-Canel ha destacado que "más de 600.000 cubanos han prestado servicios médicos en más de 160 países en los últimos 55 años" y otros 35.613 profesionales de la salud de 138 países se han formado en la isla caribeña de forma gratuita.
En su opinión, con estas maniobras judiciales, "Estados Unidos busca restablecer el programa de robo de cerebros hacia los médicos cubanos". "Les molesta la solidaridad y el ejemplo de Cuba", ha remachado.
Prisoners Defenders International Network y la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) informaron el martes de que han denunciado a Díaz-Canel, Castro y los ministros de Exteriores, Bruno Rodríguez; Salud Pública, José Ángel Portal; Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca; y Trabajo y Seguridad Social, Margarita González; ante el TPI, Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La denuncia, de 350 páginas, sostiene que los entre 50.000 y 100.000 profesionales cubanos que trabajan en las misiones internacionales desplegadas en entre 65 y cien países son víctimas de "esclavitud, persecución y otros actos inhumanos" que constituirían crímenes de lesa humanidad.
Según los denunciantes, los profesionales --médicos, profesores y artistas, entre otros-- son "fuertemente coaccionados" para que presten sus servicios en países que pagan a Cuba por ello. Durante los tres años que suelen durar las misiones internacionales viven en condiciones de "esclavitud".
Las dos organizaciones aseguran que se les somete a una estricta vigilancia, que implica retirada de pasaporte y títulos académicos, prohibición de relacionarse con nacionales y extranjeros y toque de queda, para impedir que deserten y ejerzan su profesión libremente.
Aquellos que logran desertar se enfrentan a ocho años de prohibición de entrada a Cuba, por lo que "decenas de miles de familias están separadas", mientras que los que se arriesgan a regresar a suelo cubano se enfrentan a entre tres y ocho años de cárcel.
El objetivo prioritario de las misiones internacionales sería netamente económico. Prisoners Defenders y la UNPACU calculan que el Estado cubano gana 8.000 millones de dólares anuales reteniendo a los profesionales entre un 90 y un 75 por ciento del salario que perciben del país pagador.