Una diputada opositora venezolana señalada por el TSJ se refugia en la residencia del embajador italiano

Publicado 08/05/2019 12:02:43CET
REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS - Archivo

   MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

   La diputada opositora Mariela Magallanes, uno de los siete miembros de la Asamblea Nacional a los que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, bajo control chavista) ha allanado el camino para que se les retire la inmunidad, se ha refugiado en la residencia del embajador italiano en Caracas, según ha informado el Ministerio de Exteriores de Italia.

   Según el comunicado, Magallanes está casada con un italiano y está en marcha el procedimiento para concederle la nacionalidad italiana. La diputada opositora "ha sido acogida en la residencia del embajador de Italia en Caracas y le será garantizada cualquier posible tutela y hospitalidad, conforme a las convenciones diplomáticas", ha asegurado la Farnesina.

   Por su parte, el ministro de Exteriores, Enzo Moavero, ha expresado su "más firme condena por la decisión (del TSJ) que viola la inmunidad parlamentaria básica y los principios del Estado de Derecho".

   "Tales actos represivos no ayudan en nada a la búsqueda de una solución democrática y pacífica a la grave situación venezolana, a favor de la cual el Gobierno italiano trabaja junto con la UE, también en el contexto del Grupo Internacional de Contacto", ha añadido Moavero.

   El TSJ determinó este martes que siete diputados opositores, entre ellos el antiguo presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup, han visto comprometida su responsabilidad penal por la "comisión flagrante" de varios delitos, incluidos los de traición y rebelión, por los sucesos del pasado 30 de abril.

   El pleno del TSJ se reunió en sesión extraordinaria para analizar una petición del fiscal general, Tarek William Saab, para investigar la responsabilidad penal de Henry Ramos Allup, Luis Germán Florido, Mariela Magallanes, José Simón Calzadilla, Andrés Enrique Delgado, Amerigo De Grazia y Richard José Blanco.

   El máximo órgano judicial ordenó remitir esta resolución al presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, así como al fiscal general "para que continúe la tramitación de la causa penal correspondiente, observando para ello las debidas garantías procesales y derechos constitucionales".

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