BUENOS AIRES, 5 Sep. (Notimérica) -
Dos fiscales federales han reiterado la petición de declaración indagatoria para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el exministro de planificación Julio de Vido, entre otros antiguos funcionarios kirchneristas, por fraude en la adjudicación de obra pública al ya detenido empresario Lázaro Báez en el marco de las causas 'Hotesur' y 'Ruta del dinero K'.
"Mientras el empresario Lázaro Báez --amigo personal y socio comercial del matrimonio Kirchner-- era el más beneficiado en la asignación de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, paralelamente le garantizaba a la exfamilia presidencial ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros", afirman los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita en el dictamen entregado al juez federal Julián Ercolini, recogido por la agencia Télam. Es decir, la parte demandante acusa a los exfuncionarios de haber instrumentado un "plan sistemático" para robarle al Estado a través de la concesión de millonarias obras públicas a Lázaro Báez.
"No se vislumbran razones para demorar el cumplimiento de la medida solicitada. Todo lo expuesto respalda la solicitud de esta parte respecto al estado de sospecha requerido para la citación en los términos del art. 294 del C.P.P.N., en orden a la existencia de un plan sistemático ideado y ejecutado desde la Presidencia de la Nación orientado a saquear las arcas del estado a través de la asignación direccionada de obra pública vial", añade el escrito.
De acuerdo al diario 'Clarín', el proceso comenzó el pasado 16 de agosto, cuando dichos fiscales pidieron las declaraciones indagatorias a los sospechosos, para lo que el juez Ercolini solicitó la entrega previa de pruebas que fundamentaran la acusación, lo que ha sucedido ahora.
"Todos estos elementos probatorios que fueron oportunamente valorados al momento de analizar la matriz de corrupción delineada en el referido dictamen resultan al criterio de los fiscales suficientes para sustentar acabadamente la hipótesis diseñada en la referida presentación y es por ello que aquí reiteramos dicha solicitud", señala el dictamen actual.
A partir de esta matriz delictiva, "se habría asignado en forma discrecional prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que representó contratación del Estado en favor de Lázaro Antonio Báez por más de 16.000 millones de pesos".
Entre las pruebas entregadas figuran dos cajas con documentación sobre las adjudicaciones de tramos de las rutas provinciales 3 y 9; cinco expedientes de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) sobre pagos de obras al Grupo Báez; tres carpetas; un disco compacto para respaldar una auditoría hecha por ese organismo y dos informes ampliatorios de la DNV donde "se analizan nuevas obras viales" adjudicadas a ese grupo.
Entre los acusados también se encuentran un primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y el exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, entre otros.