Foto: ANDES
QUITO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los habitantes de la Amazonía de Ecuador, organizados en el Frente de Defensa de la Amazonía, han denunciado que reciben presiones de la compañía petrolera estadounidense Chevron, en un reportaje de la agencia Andes que recoge sus testimonios.
"Hay muchos seguidores de la parte contraria (Chevron) que están vigilando lo que nosotros hacemos. Hay mucha gente que está detrás de nosotros", ha explicado el presidente de la Asociación de Afectados por el Texaco, Alejandro Soto.
Los activistas, que luchan por la reparación de los daños ambientales presuntamente causados por la explotación de crudo, entre 1964 y 1990, han explicado en el vídeo, que muchos de sus compañeros han muerto por cáncer, lo que consideran consecuencia de vertidos de petróleo en ríos y tierras de la zona.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos de Ecuador recoge también una serie de denuncias que vinculan a Chevron en casos de amedramiento a los dirigentes amazónicos que demandaron a la petrolera en los 90.
CASO CHEVRON
El caso se remonta a la década de 1990, cuando los habitantes del lago Agrio denunciaron a Texaco, adquirida por Chevron en 2001, por contaminar la selva y sus acuíferos con cientos de vertidos de deshechos entre 1964 y 1992, provocando daños en cosechas y en la salud pública, incluidas muertes por cáncer.
Chevron, por su parte, sostiene que los pozos donde se realizaron los vertidos de deshechos fueron limpiados y que sus actividades no son responsables de ninguno de los daños causados al medioambiente y a la salud pública.
En el primer asalto judicial, un tribunal ecuatoriano condenó en 2011 a la empresa estadounidense a pagar 18.200 millones de dólares (13.732 millones de euros) que, debido a su negativa a hacerlo, han ascendido a 19.000 millones de dólares (14.335 millones de euros).
Chevron, que ya no tiene intereses en Ecuador, ha llevado a cabo una ardua tarea para evitar el pago. En febrero de 2011, presentó una denuncia ante un tribunal federal de Nueva York contra los demandantes y sus abogados, argumentando que el veredicto se obtuvo mediante fraude.
Además, en marzo de 2012 trasladó el caso al Tribunal Permanente de Arbitraje (TPA), con sede en La Haya, que se declaró competente argumentando que Ecuador no respetó el tratado bilateral sobre protección de inversiones.