Publicado 16/04/2021 13:22CET

Ecuador.- El contralor general de Ecuador apela la prisión preventiva por ser "innecesaria, excesiva y desproporcionada"

Archivo -    El Ministerio de Justicia de Ecuador ha repatriado a 36 connacionales que permanecían detenidos en Estados Unidos por narcotráfico para que sigan cumpliendo su condena en el país iberoamericano
Archivo - El Ministerio de Justicia de Ecuador ha repatriado a 36 connacionales que permanecían detenidos en Estados Unidos por narcotráfico para que sigan cumpliendo su condena en el país iberoamericano - TWITTER - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La defensa del contralor general de Ecuador, Pablo Celi, ha apelado la orden de prisión preventiva que pesa sobre él mientras se desarrolla la investigación por su supuesta implicación en delitos de corrupción por considerar que se trata de una medida "innecesaria, excesiva y desproporcionada".

El abogado de Celi, Jorge Luis Ortega, ha insistido en que la Fiscalía ecuatoriana no cuenta con elementos suficientes que le permitan vincular al contralor con actos delictivos.

De forma paralela, ha sostenido que su defendido ha presentado toda la información que se le ha requerido, ha apoyado a la Fiscalía para que investigue el caso y ha respondido a todas las cuestiones de los fiscales cuando se le ha interrogado.

Por otra parte, según ha recogido el diario 'El Universo', Ortega ha informado de que Celi ha solicitado una licencia de 60 días a la Contraloría General del Estado para enfrentarse al proceso de investigación en curso.

Las defensas del resto de procesados en el marco de la investigación, entre los que destacan el exsecretario de Presidencia José Augusto Briones o Natalia Cárdenas, exasesora del antiguo gerente de Petroecuador Pablo Flores, también han confirmado que apelarán la prisión preventiva de sus clientes. Se prevé que la instrucción fiscal del caso se extienda durante 90 días.

Celi fue detenido el martes, en su domicilio, en una operación contra la delincuencia organizada. La investigación lleva abierta desde 2019 por presuntos delitos de corrupción en Petroecuador, la Contraloría y la Secretaría General de la Presidencia. Se llevaron a cabo 25 registros en Quito y Guayaquil, liderados por la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar.

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