El maltrato de animales y el castigo del enriquecimiento ilícito son otros de los temas que abarca la consulta
QUITO, 7 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, someterá este sábado a prueba su popularidad en un polémico referéndum con el que espera hacer reformas sustanciales al Poder Judicial y a varios artículos de la Constitución, tras una intensa campaña en la que los medios de comunicación locales jugaron un papel determinante para defender lo que consideran un intento del Gobierno de controlar la libertad de expresión.
El referéndum consta de diez preguntas, de las cuales cinco son enmiendas a siete artículos de la Carta Magna y las restantes abarcan cuestiones generales. Los asuntos que han despertado gran controversia han sido la reestructuración del sistema judicial y la regulación de las actividades de los medios, aunque el propio Correa ha dicho que su intención no es ejercer controles sobre la libertad de prensa.
Su proyecto prevé la creación de un consejo encargado de vigilar y regular el contenido que se difunde a través de los diarios, las emisoras y las cadenas locales, los cuales, según él, estarían incumpliendo lo establecido en la Constitución aprobada en 2008 y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
"Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, ¿está usted de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita, que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?", señala la pregunta número nueve.
Con esta consulta el Gobierno pretende evitar, además, que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan acciones en empresas que no correspondan al ámbito para el que trabajan.
PODER JUDICIAL
Para la reorganización del Poder Judicial la consulta formula cinco preguntas. Ante la polémica surgida por este punto, Correa ha tenido que reconocer que en la reforma hecha a la Carta Magna hace más de dos años se cometieron errores, como por ejemplo, nombrar un Consejo de la Judicatura de nueve miembros.
La propuesta consiste precisamente en sustituir al Pleno del Consejo de la Judicatura por una Comisión Técnica compuesta por tres delegados designados por el presidente ecuatoriano, la Asamblea Nacional y la Función de Transparencia y Control Social, para que durante un período de 18 meses asuma todas y cada una de las funciones del consejo con el fin de reestructurar el sistema judicial.
También se someterá a consideración de la ciudadanía la posibilidad de modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial, con el propósito de "tener una más eficiente administración del sistema de justicia", según explica el proyecto.
Las interrogantes restantes correspondientes a la reorganización del Poder Judicial de Ecuador proponen cambiar los plazos para la caducidad de la prisión preventiva, así como aplicar las medidas sustitutivas únicamente para los delitos "menos graves".
OTROS TEMAS
Otro de los asuntos que serán consultados está relacionado con el enriquecimiento ilícito no justificado. Lo que Correa quiere es declarar esta práctica un delito y castigar a los responsables con penas de cárcel, para lo cual será necesario que el Congreso realice algunas reformas a la legislación actual.
El proyecto prevé además considerar un "delito" la no afiliación a la Seguridad Social y castigar a los empresarios que propicien este tipo de "explotación laboral" con las sanciones que serán establecidas por el Parlamento, que deberá, en caso de que sea aprobada la propuesta, hacer cambios en algunas leyes.
La consulta popular intentará también prohibir los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego, con el objetivo de evitar que estas prácticas "se conviertan en un problema social, especialmente en los segmentos más vulnerables de la población".
Una de las preguntas que ha sido aplaudida y hasta elogiada por buena parte de la población es la que se refiere a la protección de los animales. Lo que se busca es erradicar los eventos y actividades en los que se acabe con la vida de un animal "por simple diversión".
VOTO OBLIGATORIO
Más de 11,2 millones de ecuatorianos están convocados a votar en la consulta popular, ejercicio que en Ecuador es obligatorio para los ciudadanos que viven en el país y opcional para quienes residan en el extranjero. La ley establece sanciones de 26,4 dólares (unos 18 euros), equivalente al diez por ciento del salario mínimo mensual, que se sitúa en los 264 dólares (unos 180 euros).
En este sentido, la persona que no cumpla con la convocatoria de formar parte de las Juntas Receptoras del Voto tendrá que asumir una multa del 15 por ciento de la remuneración mensual básica unificada, 39,6 dólares (unos 27,1 euros).
Estas sanciones no serán válidas para quienes no puedan votar por mandato legal o por motivos de salud. Asimismo, podrán abstenerse de votar aquellos que sufran incidentes domésticos graves el mismo día de las elecciones o quienes se ausenten o lleguen al país el día del sufragio, informa la agencia oficial Andes.