Afirma que hubo "dolo" en el abandono de los menores de edad y revela "tortura y violencia" por parte de miembros del Ejército ecuatoriano
MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Ecuador ha acusado formalmente a 17 militares por un delito de desaparición forzada tras la detención, a principios de diciembre de 2024, de cuatro menores de edad del barrio Las Malvinas en Guayaquil, cuyos cuerpos fueron hallados calcinados a finales de ese mismo mes en otra localidad.
El organismo ha presentado una acusación formal contra los 17 militares ecuatorianos, apuntando a 16 de ellos como autores y responsables directos del delito y al militar restante, un oficial de alto rango, como presunto cómplice, informa el diario 'Primicias'.
El fiscal Christian Farez ha solicitado la acusación durante una audiencia preparatoria del juicio que ha tenido lugar este martes y en la que ha revelado actos de violencia física y tortura contra los jóvenes, que tenían entre 11 y 15 años en el momento de los hechos, y ha pedido que se ratifique la prisión preventiva de los acusados, quienes alegan que las víctimas fueron "presumidos como adultos debido a su contextura y falta de documentos".
El magistrado ha asegurado que "la exposición y el abandono (de las víctimas) en un territorio de alta peligrosidad fue doloso, hubo designio de causar daño" y ha considerado que "la necesidad de exponer a la víctima por parte del agente del Estado no tiene justificación".
Más de 20 días después de la desaparición de los cuatro adolescentes -- los hermanos Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina-- una juez reconoció que se produjo una "desaparición forzada" con responsabilidad del Estado tras aceptar un recurso presentado por las familias, que denunciaron la inacción de las autoridades a pesar de que la existencia de imágenes de lo ocurrido.
Las imágenes muestran como varios militares detienen a dos estos niños cerca de un centro comercial, los golpean y suben a una camioneta. El 19 de diciembre, se encontraron cuatro cadáveres calcinados cerca de la base área del Ejército en Taura, a 30 kilómetros de Guayaquil.
Los militares dieron una entrevista en la que afirmaron que los jóvenes fueron detenidos por un supuesto robo a una mujer. Cuando estaban siendo trasladados al puesto policial más cercano recibieron una llamada sobre una pelea multitudinaria, por lo que decidieron soltarles "sanos y salvos" para poder atenderla.
El caso ha vuelto a poner en cuestión la militarización del Estado por parte de el presidente Daniel Noboa, quien decretó el estado de conflicto armado interno en enero de 2024 para combatir al crimen organizado.