MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Ecuador ha pedido este martes prisión preventiva para el alcalde de Quito, Jorge Yunda, por la presunta malversación de fondos en un caso de compra de pruebas PCR para detectar el coronavirus, otras posibles investigaciones sobre "actos de corrupción" y la posibilidad de "evadir la acción de justicia.
El fiscal de Pichincha Alberto Santillán ha explicado que en el marco de "la extracción de pruebas" durante la investigación por el caso de las pruebas PCR se ha obtenido en dispositivos "mucha más información de actos de corrupción dentro del municipio de Quito".
Así, ha demandado la prisión preventiva porque habría otras investigaciones que involucrarían al alcalde y a su hijo, Sebastián Yunda. "Existen conductas que para el derecho penal son presuntamente serias, relevantes puesto que lesionan bienes jurídicos constitucionalmente protegidos", ha señalado al respecto el fiscal.
Según recoge 'El Comercio', en pericias realizadas al teléfono del hijo del alcalde se hallaron supuestas conversaciones entre él y funcionarios del municipio y contratistas, incluyendo detalles de contratos públicos y de proyectos inmobiliarios en terrenos municipales.
Por otro lado, Santillán ha apuntado que solicita la orden de prisión preventiva porque Yunda tendría los medios económicos "suficientes" para "evadir la acción de justicia".
"Sigo atento la audiencia preparatoria de juicio en mi contra y me sorprende que la FGE solicite prisión preventiva cuando al ser alcalde de Quito, no existe riesgo de fuga. He cumplido las medidas cautelares de forma estricta. Aquí estoy y aquí estaré", ha manifestado el regidor tras conocer la petición.
Ahora el juez que lleva el caso debe determinar la situación del regidor ecuatoriano tras la petición del fiscal, que en la jornada previa presento los elementos recabados en el marco de la investigación.
Junto a Yunda han sido acusadas otras 13 personas que también habrían participado en el delito investigado en el denominado 'Caso Pruebas PCR Quito', si bien el fiscal aseveró que Yunda sería el "autor mediato del delito de peculado".
En este sentido, ha indicado que el alcalde tuvo conocimiento del proceso de contratación y habría preparado las "condiciones esenciales" para que el secretario de Sanidad de entonces, Lenín Mantilla, suscribiera un contrato de 4,2 millones de dólares para la adquisición de reactivos PCR al eliminar los techos máximos de contratación establecidos con anterioridad para las entidades públicas, cuya cuantía era de 2,9 millones de dólares.
Así, acusó también a la actual secretaria de Salud, Ximena Abarca y la coordinadora técnica de la Secretaría, Linda Guamán, que sabían que las pruebas entregadas por la empresa contratista no eran PCR sino RT Lamp y que "no cumplían con las especificaciones técnicas determinadas en el contrato".
Según la Fiscalía, el alcalde habría dispuesto que la marca de las pruebas sea validada buscando "distintos laboratorios públicos y privados con lo cual se habría querido convencer de que eran idóneas para usarlas durante la pandemia".