QUITO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Alfredo Palacios decretó anoche el estado de emergencia en las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos, por segunda vez en menos de un mes, para intentar contener el paro de los trabajadores del sector petrolero que ha causado la paralización de la producción de crudo en varios campos de la región.
La medida, anunciada en rueda de prensa por el secretario de Comunicación de la Presidencia, Enrique Proaño, intenta controlar el paro de los 4.000 trabajadores petroleros tercerizados, que han suspendido la producción provocando unas pérdidas aproximadas de 9 millones de dólares diarios.
El decreto de emergencia del Gobierno de Palacios contempla, entre otros aspectos, la militarización de las tres provincias petroleras, el control de las instalaciones militares así como la suspensión de las garantías constitucionales, según informa la emisora local 'CRE'
Además, se anunció que se destinará fondos para el pago de tres meses de sueldo que reclaman los trabajadores, lo que ascendería aproximadamente a 20 millones de dólares. También se llamará al diálogo a las empresas tercerizadoras, puesto que ellas deben asumir la responsabilidad por este paro, según el Gobierno.
Los trabajadores petroleros están exigiendo el pago de salarios atrasados y mejores condiciones laborales. Se trata de la segunda vez que el Gobierno ha tomado esta medida en menos de un mes, mientras que por el momento la estatal Petroecuador no ha suspendido sus exportaciones petroleras.
En la zona se encuentra el Oleoducto de Crudos Pesados por el que se transportan unos 160.000 barriles diarios de crudo y es administrado por un consorcio integrado por la petrolera Encana (Canadá); Repsol YPF (hispano-argentina); Petrobras (Brasil); Oxy (Estados Unidos); Perenco (Francia) y Agyp (Italia).