ECUADOR 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
Luego de más de 20 días de paralización en la provincia de Imbabura, Ecuador, a causa de la controversia por la eliminación del subsidio al diésel, el Gobierno ecuatoriano llegó a un consenso con líderes indígenas para poner fin a las protestas que causaron numerosos enfrentamientos, heridos y detenidos. La resolución del conflicto se logró en una reunión que duró aproximadamente cuatro horas con representantes de 58 cabildos indígenas del cantón Otavalo, situado en la parte norte del país, anunció el ministro del Interior, John Reimberg. "Hoy se levanta el paro, hoy se abren las vías, hoy vamos a trabajar inmediatamente en abastecer la provincia de todas las necesidades que tiene", confirmó Reimberg.
Entre los grupos indígenas que participaron en las conversaciones estuvieron la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte de Ecuador (FICI) y la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (UNORCAC). Sin embargo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la entidad más representativa de los pueblos indígenas en el país, no asistió al encuentro. A través de su perfil en la red social X, la CONAIE denunció una "campaña de desinformación malintencionada que busca confundir al país y debilitar la lucha del movimiento indígena", refiriéndose a una imagen distribuida por medios locales mostrando a su presidente, Marlon Vargas, con Reimberg. "Circula una imagen falsa generada con inteligencia artificial. El presidente de la CONAIE no se ha reunido con el Gobierno ni con ningún representante oficial. Toda información veraz se comunica únicamente a través de nuestros canales oficiales", declaró la organización.
El acuerdo alcanzado contempla la creación de mesas técnicas territoriales para abordar las problemáticas de las comunidades en aspectos vitales como el acceso al agua, infraestructura vial, salud y educación. Además, se acordó el traslado a Ibarra de 12 individuos arrestados tras atacar un cuartel de la Policía de Otavalo al inicio del paro; y la apertura de las carreteras bloqueadas durante las protestas.
Los líderes indígenas también propusieron alternativas a la eliminación del subsidio al diésel, como mantener congelado el precio del combustible. En una conferencia de prensa, uno de los dirigentes insistió en que las autoridades deben hacer rendir cuentas a los responsables "del asesinato de nuestros compañeros", citó el diario 'El Comercio'. El párroco de San Francisco de Otavalo, Cristian Andrade, fue designado como garante del cumplimiento de lo acordado entre las partes, según reportó el periódico 'Primicias'.