QUITO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Ecuador, Alfredo Palacio no comunicó al Congreso, la última declaratoria del estado de emergencia nacional, tal como manda la Constitución, por lo que la cámara lo acusó de violaciones a la ley, arrestos arbitrarios y represión desatada contra la población indígena del país.
Según se conoció hoy en el Congreso, en la Secretaria de la Función legislativa no consta ni un solo documento escrito oficiado por el Gobierno Nacional, en el cual se conozca del decreto de estado de emergencia dictado por decreto No. 1269 del 22 de marzo, en cinco provincias del centro del país: Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo y Cañar, tras el levantamiento indígena en protesta por las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
De acuerdo a lo que manda la Constitución de Ecuador, el presidente debe la declaración del estado de emergencia al Congreso dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la publicación del decreto correspondiente.
El hecho se recrudeció hoy, al proceder de manera ilegal a impedir que se aplique el derecho de habeas corpus en la ciudad de Azogues, Provincia del Cañar, para liberar al detenido dirigente indígena Pedro de la Cruz, justamente aduciendo el estado de emergencia, y sometiéndolo a tribunales militares ilegales en el sistema judicial de Ecuador.
Tras esta denuncia, sectores políticos han comenzado a exponer su denuncia por el estado ilegal de excepción, y se han anunciado una serie de demandas por el perjuicio causado por el Gobierno a los ciudadanos.
Sin embargo, el secretario de Comunicación, Enrique Proaño, en declaraciones al periódico electrónico 'Ecuador Inmediato', señaló que el decreto 1269 del presidente, en el que se declaró el estado de emergencia el pasado 22 de marzo, no ha sido publicado aún en el Boletín Oficial del Estado, y según él este es el motivo para no haber comunicado oficialmente al Congreso la situación de excepción.