MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un juez ecuatoriano ha dictado prisión preventiva contra el diputado Yofre Poma, el prefecto de la provincia de Sucumbíos, Amado Chávez, y otras siete personas más por su participación en las protestas contra el Gobierno, en concreto por un presunto delito de paralización de un servicio público.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, ha formulado cargos conta este grupo y el juez David Jacho ha atendido la petición de que los nueve acusados pasen a prisión preventiva, al tiempo que a decretado el bloqueo de sus cuentas bancarias y la prohibición de vender activos.
Además de Poma, aliado del expresidente Rafael Correa, y Chávez, también están implicados en este caso director de Comunicación del Gobierno regional de Sucumbíos, la presidenta de la Asociación de Empleados Públicos de la provincia, un concejal un dirigente y otras tres personas más cuyos cargos no han trascendido.
Los acusados fueron detenidos el 7 de octubre, cuando --según la Fiscalía-- irrumpieron "violentamente" en las instalaciones de la empresa Petroecuador en Sucumbíos. El Ministerio Público ha asegurado que llegaron a la sala de control y amenazaron con atentar contra los equipos de bombero del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y los trabajadores de la empresa.
El SOTE quedó interrumpido más de dos horas, una "paralización de un servicio público del área estratégica" que habría costado al Estado más de 1,7 millones de dólares. El Código Penal castiga este tipo de delitos con penas de entre uno y tres años de cárcel.
El caso quedará resuelto mediante un procedimiento directo, por lo que la vista de juicio se ha fijado para el 18 de octubre.