ECUADOR, 12 Nov (EUROPA PRESS)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha reconocido que la nueva cárcel de Santa Elena, a la que recientemente se trasladaron 300 reclusos, aún no está completamente terminada. En una entrevista concedida a Radio Sucre, Noboa admitió que el establecimiento penitenciario sólo ha alcanzado entre un 35% a un 40% de su construcción, pero aseguró que en dos semanas alcanzará el 80%. Esta declaración surge en medio de la polémica por el apresurado traslado de prisioneros de alto riesgo a una infraestructura no finalizada, lo que ha generado críticas por parte de la oposición.
El presidente justificó la medida argumenta la urgencia de la acción debido a la violencia y los planes de asesinato que se estaban gestando dentro de las cárceles. "Se tuvo que acelerar el traslado porque quieren matar la mayor cantidad de gente", explicó Noboa, haciendo referencia a las amenazas que pesan sobre la seguridad tanto dentro como fuera de las cárceles. Este movimiento se produce en un momento crítico para el gobierno, justo antes de un referéndum este domingo que podría significar cambios significativos en la Constitución del país.
La Cárcel del Encuentro, como ha sido nombrada la prisión de Santa Elena, es uno de los dos proyectos inspirados en el modelo de seguridad propuesto por Nayib Bukele en El Salvador, comprometido por Noboa durante su campaña electoral este año. Entre los trasladados a esta nueva cárcel se encuentra el expresidente Jorge Glas y líderes de grupos criminales conocidos, como Los Choneros, marcando un hito en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador.
A pesar de las críticas sobre el posible carácter electoralista del traslado, Noboa negó tales acusaciones y reiteró que la decisión fue tomada para controlar y prevenir las actividades delictivas planificadas desde las cárceles. En este momento, la Cárcel de Santa Elena alberga a 420 prisioneros, pero se planea expandir la infraestructura penitenciaria en la zona con un nuevo presidio que podría albergar hasta 15.000 personas, lo que evidencia el compromiso del gobierno para reformar el sistema penitenciario del país.