QUITO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El pleno de la Asamblea Nacional ecuatoriana comenzó a debatir este martes el proyecto de 'Ley de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua' que prohíbe la privatización de este recurso de primera necesidad e impulsa un modelo de gestión exclusivamente pública.
Desde primera hora del martes, unos 500 delegados indígenas, que a finales de septiembre impulsaron manifestaciones multitudinarias y provocaron piquetes durante varios días en el corazón amazónico del país para protestar contra el proyecto de ley que consideran privatizará el agua para uso agrícola, se mantenían apostados en la sede del Parlamento para seguir de cerca del debate, informó el diario Ecuadorinmediato.
A raíz de esa crisis, que dejó un indígena muerto, el Gobierno de Rafael Correa accedió a mantener un diálogo con la comunidad indígena a la hora de debatir el proyecto de ley, a través de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE).
A pesar de que Ecuador tiene agua en abundancia, existe una distribución inequitativa por razones históricas y geográficas que tiende a perjudicar a la comunidad indígena del país.
LAS DISPOSICIONES
El proyecto de ley identifica el agua como un sector estratégico y, por tanto, de control exclusivo del Estado, por lo que prohíbe expresamente que personas jurídicas nacionales o extranjeras adquieran tierras donde haya fuentes naturales de agua, cuya gestión pueda perjudicar la soberanía del Estado, la integridad de dominio hidráulico público, el derecho humano al agua o la soberanía alimentaria.
Al rechazar todo reconocimiento a la propiedad particular de este bien, impulsa la gestión del agua a través de empresas públicas, así como entidades de derecho público o comunitario y propone la participación social a la hora de impulsar planes e instrumentos de gestión del agua.
En este sentido, propone la creación de una autoridad de control única del agua, compuesta por un consejo intercultural y pluricultural e impone la obligatoriedad de consultar a las comunidades la autoridad de demarcación hídrica y en relación al desarrollo de mecanismos de participación en la gestión del agua.
El proyecto de ley también impone criterios medioambientales que se deben respetar en la explotación de este recurso hídrico y regula los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades en el país, así como determina las sanciones para castigar infracciones en el uso incorrecto del agua.
LAS POSTURAS PARTIDISTAS
Por su parte, el diputado del partido gobernante Alianza País y presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Jaime Abril, defendió durante el debate en la Cámara que "el agua, por su trascendencia para la vida, la economía y el ambiente, no puede ser objeto de ningún acuerdo comercial, con gobierno, entidad multilateral o empresa extranjera alguna".
Abril recalcó que el problema de la distribución del agua además de la concentración de tierras ha contribuido al fracaso de reformas agrarias anteriormente impulsadas en el país y al aumento de la pobreza en el sector rural, al éxodo rural y al consiguiente abandono de los campos.
Por su parte, el diputado de la Alianza Movimiento Municipalista por la Integridad (MM), Paco Moncayo, reclamó que el proyecto respete el principio de descentralización y autonomía, de manera que se tenga en cuenta a los cinco niveles de administración en el país en la planificación y gestión del agua, al tiempo que pidió regular al sector de las empresas embotelladoras, por sus extraordinarias ganacias.
En cambio, el diputado del Movimiento Popular Democrático (MPD), Ramiro Terán, reclamó una distribución equitativa de este recurso y abogó por que se respete el principio de que 'quien más consume más pague'. También defendió que la autoridad única de gestión sea multisectorial y con participación de los cinco niveles administrativos, incluida la propia ciudadanía.
El diputado del Partido Sociedad Patriótica (PSP), Gilmar Gutiérrez, respaldó la intervención de Terán y reclamó que la autoridad única no se erija en un organismo político, mientras que, por su parte, el congresista del Partido Social Cristiano, Andrés Roche, defendió que se realicen auditorías en la concesión de la gestión e impedir la concentración en este sector.