MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
Michael A. Riley, un agente de la Policía del Capitolio acusado de obstrucción a la justicia en relación con el asalto a la sede del Congreso estadounidense, se ha declarado inocente de los cargos que se le imputan.
Riley se ha convertido así en el primer agente del Capitolio en ser imputado por tratar de ayudar a uno de los asaltantes que atacaron el edificio el 6 de enero cuando se celebraba una sesión conjunta para ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales.
Según la acusación, Riley pidió a un contacto eliminar de Facebook varios 'selfies' que se había hecho en el Capitolio ese mismo día. El agente, además, había indicado en su cuenta que "estaba de acuerdo con la visión política" de los seguidores del expresidente Donald Trump un día después de que se produjera el asalto.
"Por favor, retirad la parte sobre el edificio, están investigando y todo el mundo que estaba allí será imputado", dijo entonces a uno de los asaltantes, a quien recomendó, además, que cerrara su cuenta.
El individuo en cuestión fue detenido el 19 de enero por el FBI por haber entrado de forma ilegal en el Capitolio. Al día siguiente, Riley eliminó todos sus mensajes directos con el individuo, tal y como recogen documentos judiciales a los que ha tenido acceso la cadena CNN.
Riley se encontraba de servicio en el interior del Capitolio cuando se produjo el ataque, según los fiscales, y tuvo que actuar después de que se diera la voz de alarma por la presencia de un posible artefacto explosivo en las inmediaciones del Capitolio.
Hasta el momento unas 630 personas han sido identificadas por su participación en el asalto al Capitolio y están a la espera de sus sentencias, mientras que cerca de una veintena ya han recibido algún tipo de pena, la mayoría de las cuales por manifestarse ilegalmente en las instalaciones del Capitolio, el acuerdo base al que han llegado la mayoría de ellos con el Departamento de Justicia.
Los últimos han sido Edward Hemenway y Robert Bauer, condenados a 45 días de prisión, después de que las autoridades consideraran sus antecedentes penales como agravantes.